El Ministerio Público apartó definitivamente al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina (la violenta intervención policial a la VIII marcha indígena en 2011). En respuesta, sus acusadores anuncian una demanda contra los fiscales por retardación de justicia y prevaricato.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino la marcha indígena que se trasladaba de Trinidad a La Paz. Con esa movilización, los originarios se oponían a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Luego, en 2012 la comisión de fiscales resolvió separar del proceso a Llorenti, hecho que fue apelado por las víctimas.
“La resolución de rechazo que se emitió en el proceso y dictó la comisión de fiscales que investiga el caso, fue analizada (por la fiscal Rosario Benegas) y luego de subsanar las observaciones que existían se ratificó la resolución, (por tanto) no se incluirá a Sacha Llorenti en el proceso del caso Chaparina”, señaló el fiscal departamental de La Paz, José Ponce. El jefe del Ministerio Público de La Paz indicó que el informe de los fiscales muestra que no hay elementos o indicios de participación de Llorenti en la represión de la marcha de 2011.
Rechazo. La resolución de la comisión de fiscales (de la cual formaba parte el propio Ponce) del 30 de julio de 2012 (01/2012) que libera a Llorenti tiene dos partes, una referida al proceso a los indígenas que tomaron como rehén al canciller David Choquehuanca y, la otra, sobre el exministro, por la intervención de la marcha.
La resolución de rechazo significa que el sindicado (Sacha Llorenti) es excluido del proceso de investigación. Ponce explicó que el paso a seguir es la notificación a todas las partes del proceso, 20 personas a las que hay que informar sobre la determinación. La parte acusadora, indicó, radica en el oriente y son la mayoría, por lo que se pedirá la colaboración de sus similares en la región. “Las notificaciones se realizarán vía Fiscalía de Beni”, dijo.
Entretanto, Eduardo León, abogado del exdirigente del Conamaq Rafael Quispe, querellante en el proceso como víctima, manifestó su rechazo por la decisión de la Fiscalía, por lo que anunció procesos penales. Añadió que se agotarán todas las vías legales en el país para llegar luego a una demanda internacional.
“Hemos tomado conocimiento extraoficialmente y recién conoceremos el contenido, pero esta decisión es abusiva y demuestra que en Bolivia la justicia está totalmente prostituida y que estamos en manos de fiscales y jueces que tienen medidas políticas. Tenemos vías legales e internas que agotaremos, como el recurrir al juez cautelar y en segunda instancia se puede alcanzar inclusive a presentar un amparo constitucional, el mismo que resuelto en Sucre podría abrir competencia internacional”, advirtió León.
El jurista también cuestionó la tardanza que hubo para emitir la resolución, ya que la Fiscalía demoró 15 meses para hacerlo, cuando debía estar en 10 días. “Vamos a presentar una acción penal por el delito de prevaricato y retardación de justicia, incumplimiento de deberes, contra la fiscal Rosario Benegas, la responsable; incluso se lo podría hacer también contra el fiscal departamental José Ponce”, dijo. En el proceso de investigación, los fiscales Patricia Santos y Róger Velázquez no proporcionaron más datos a la prensa sobre la marcha de la causa.
Las lluvias afectan al trabajo
Proceso
El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, informó que la reconstrucción del caso y su inspección no se realizarán en Yucumo, lugar donde se produjo la represión, debido a que las lluvias anegaron la región.
