El consejero Wilbert Choque aclaró que el pleno del Consejo de la Magistratura solo dejó sin efecto el nombramiento de 12 jueces designados anteriormente, los nombrados en Santa Cruz; en otra sesión, se volvió a designar a dos de la nómina inicial.
Choque explicó que de los demás jueces designados por el Consejo de la Magistratura en 2013 (que en total fueron 59), muchos ya asumieron sus funciones y otros continúan realizando trámites administrativos antes de ser posesionados como autoridades. En este sentido, el magistrado aclaró que hubo un malentendido de parte de este medio, que ayer informó que fueron 59 las designaciones anuladas.
La determinación de revocar las 12 designaciones de jueces para Santa Cruz fue asumida por el Consejo luego de conocerse una supuesta extorsión en que habrían incurrido algunos funcionarios de esta institución. Las víctimas eran, precisamente, los nombrados jueces cruceños.
Aparte de las 12 designaciones anuladas para el departamento de Santa Cruz, de las 47 restantes, el magistrado Choque informó que solo 9 no fueron concluidas, porque —dijo— recién se emitirá una convocatoria especial a nivel nacional para nombrar a los jueces que se harán cargo en materia de lucha contra la violencia hacia la mujer y en el área anticorrupción en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Desacuerdo. El magistrado reiteró que en el caso de la anulación del nombramiento de los jueces de Santa Cruz, él no estuvo de acuerdo con dejar sin efecto la primera designación, ya que en su criterio esa determinación perjudicaba a los abogados que intentaron denunciar las supuestas irregularidades.
En todo caso, las designación de los 59 jueces es parte de la investigación que a la fecha lleva adelante la Fiscalía, luego de que la propia presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, denunciara que algunos de sus funcionarios habrían extorsionado a jueces legalmente nombrados. La indagación tiene lugar desde el 29 de enero, día en que se allanó las oficinas de Recursos Humanos y de la Presidencia del Consejo de la Magistratura.
El hecho delictivo consistió en que a jueces designados en Santa Cruz se les presentó una persona con una fotocopia del documento de nombramiento pidiéndoles dinero a cambio de ratificar dicha designación. Mamani sospechaba que los autores de la extorsión eran de su entorno: “Tuvo que ser un funcionario del Consejo quien obtuvo las fotocopias y las remitió o llevó al distrito de Santa Cruz”, declaró entonces la magistrada.
