El defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó al fiscal general, Ramiro Guerrero, investigar a la fiscal de Distrito en suplencia de La Paz, Rosario Benegas, por ratificar la resolución que excluye a Sacha Llorenti en el caso Chaparina. Sugiere que existe injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino la marcha indígena que se trasladaba de Trinidad a La Paz. Con esa movilización, los originarios se oponían a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Luego, en 2012 la comisión de fiscales resolvió separar del proceso a Llorenti, hecho que fue apelado por las víctimas.
“Ante las irregularidades, he dispuesto remitir una comunicación formal al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, (para) que se abra una investigación inmediata contra la fiscal Rosario Benegas y se tipifique los delitos que corresponda”, sostuvo Villena.
También pidió indagar sobre la responsabilidad y aquiescencia al contenido de la resolución, que pudiera tener el fiscal departamental José Ponce, quien fungía como representante del Ministerio Público a tiempo de suscitarse los hechos.
En cuanto a si hay una injerencia, Villena respondió: “Habría y eso es materia de investigación con las declaraciones últimas que se están escuchando sobre una presunta injerencia del Ejecutivo en ciertos magistrados o incluso en personas que están en nivel de las fiscalías, eso debe ser materia de investigación, no puede quedar solamente como un trascendido”.
Villena afirmó que el Defensor del Pueblo continuará con el seguimiento del caso y evalúa hacer o no una denuncia internacional. También denunció que la Fiscalía no tomó en cuenta el informe del Defensor y que la resolución firmada por Benegas dice que el informe defensorial, que señala a supuestos autores de “graves vulneraciones” a los indígenas del TIPNIS, no forma parte de la investigación.
