El vicepresidente Álvaro García Linera volvió a criticar ayer a la administración de justicia. Es “una vergüenza”, dijo, por eso demandó toda una “revolución moral” entre los jueces y fiscales del país.
“La clave es asumir una revolución moral al interior del Órgano Judicial, hoy por hoy están aplazados, hoy por hoy da vergüenza la Justicia como daba vergüenza hace diez años y hoy por hoy estos (magistrados) elegidos por el pueblo tienen la obligación de responder ante ese voto popular mediante más trabajo, más ética, más control, más sanción contra los corruptos y celeridad en los procesos”, cuestionó en conferencia de prensa. Agregó que “la Justicia estuvo mal y está igual de mal que hace diez, que hace quince, que hace veinte años”.
Las arremetidas contra la Justicia también provinieron del presidente Evo Morales, cuando hace una semana afirmó que la incorporación de profesionales de “poncho, pollera y sombrero” en la administración judicial no logró cambios. Además observó la retardación imperante en los casos y demandó extirpar la corrupción en el sistema judicial.
Las actuales máximas autoridades judiciales fueron elegidas por voto directo el 16 de octubre de 2011, tras la reforma constitucional promovida por el oficialismo en 2009.
García sostuvo que introducir la participación popular en la elección de los más altos jueces del país fue un gran cambio, porque se democratizó el sistema, pero insistió en que no es suficiente: “el resultado real ante el litigante es que sigue la infamia”.
Al negar la injerencia del Ejecutivo en la Justicia, el Vicepresidente no dejó de ironizar sobre este hecho: “Hemos elegido personas que no están trabajando lo suficiente; nos han acusado de que nosotros interferimos en el Órgano Judicial. Si estuviéramos interfiriendo los jueces trabajarían sábado y domingo y no tendrían vacación de fin de año ni de mediados de año, y los fiscales estarían trabajando diez, 12 horas”, remarcó García.
Reforma. La autoridad incluso estableció tres pasos para el cambio: el primero, trabajar más; “segundo cambio, ética, que se acabe esta micro y mediana corrupción, el sorteo de puestos, de causas y de sentencias, en función del dinero”. Les corresponde a los magistrados que encabezan los tres niveles de la justicia —dijo— investigar, denunciar y encarcelar a jueces y fiscales corruptos.
El tercer paso es que la Asamblea está trabajando un nuevo Código de Procedimiento Penal, en el que se pretende establecer fechas límite improrrogables de duración de un juicio.
“Hemos hecho una propuesta, habrá que ver la parte técnica. Si en seis meses no acaba el juicio, aunque (se lo lleve adelante) de madrugada, de noche, sábado, domingo, no importa; si no acaba en seis meses, el juez y el fiscal del caso, a la cárcel; porque es su obligación concluir un caso, no puede haber casos de tres, cuatro, cinco, ocho años”, reclamó García.
Denunció a EEUU
El vicepresidente Álvaro García denunció que la Embajada de EEUU en Bolivia cuenta con sistemas de vigilancia que “controlan” las llamadas telefónicas, incluso del presidente Evo Morales.
Oposición exige la renuncia de todos
Enterados de la renuncia del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, los líderes políticos de la oposición Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), y Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), coincidieron en pedir la renuncia de todos los magistrados de este tribunal.
El jefe del MSM lamentó que la renuncia de Flores no sea irrevocable. “Sus demás colegas deberían de igual forma renunciar a sus cargos”, señaló. Doria Medina criticó a las autoridades judiciales por no tener los méritos profesionales necesarios; afirmó que el responsable de la actual crisis es el presidente Evo Morales.
“Hay una crisis de la Justicia que nunca llegó a estos niveles. Por ello, sugerimos que Morales les pida la renuncia a todos los miembros del Órgano Judicial y que sean los rectores de las universidades públicas, los decanos de las facultades de Derecho, el presidente del Colegio Nacional de Abogados y de los departamentales los que puedan seleccionar a las nuevas autoridades judiciales. Y que en un plazo de seis meses este mismo grupo plantee una solución de fondo al país”, dijo.
