Las autoridades brasileñas prorrogaron por 180 días el estatus provisional de refugiado otorgado al senador opositor boliviano Roger Pinto, quien de ese modo podrá permanecer en el país hasta que se decida su destino, informaron hoy fuentes oficiales.
Pinto, quien dice ser «perseguido» por el Gobierno boliviano, estuvo más de un año acogido en la embajada de Brasil en La Paz y logró abandonar su país en agosto del año pasado con ayuda diplomática y sin el necesario salvoconducto.
La salida de Pinto, que Bolivia consideró una «fuga», generó un conflicto diplomático entre ambos países, ya superado, y llevó a la renuncia del entonces canciller brasileño, Antonio Patriota, quien fue sustituido el pasado 28 de agosto por Luiz Alberto Figueiredo.
Pinto responde ante la justicia boliviana en cinco juicios por supuesta corrupción y en uno de ellos ya ha sido condenado a un año de prisión, razones que arguyó el Gobierno de Evo Morales para negarle el salvoconducto.
Al ingresar a Brasil, el senador introdujo una solicitud formal de refugio, que está en manos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), organismo que depende del Ministerio de Justicia y hasta hoy no se ha pronunciado sobre el caso.
Fuentes de la Conare consultadas por Efe dijeron que el análisis de cada caso demora en promedio entre seis meses y ocho meses, aunque «cada situación es diferente» y esos plazos no siempre se cumplen.
En situaciones como la que afronta Pinto, el refugio provisional que se otorga cuando se inicia el trámite es renovado cada 180 días, hasta que se adopta la decisión definitiva.
En caso de ser aceptada la solicitud, el estatus pasa a ser de refugiado pero en calidad de permanente, y en caso de ser negada, el solicitante debe salir de Brasil en un plazo que varía entre una semana y quince días, y tiene el derecho de viajar a un tercer país.
El año pasado autoridades del Gobierno boliviano hicieron una visita a Brasilia y entregaron tanto al Ministerio de Justicia como a la Conare voluminosos documentos sobre los procesos en los que el senador responde ante la justicia de su país.
La intención es probar que, como sostiene el Gobierno de Evo Morales, el senador no es objeto de una persecución política, sino reo en varios procesos por presunta corrupción.
Bolivia también ha manifestado que pretende pedir la extradición del senador Pinto, pero no puede hacerlo hasta tanto no sea tomada una decisión definitiva sobre su permanencia en Brasil y sólo podría exigirla en el caso de que la solicitud de refugio sea negada.
En esa última instancia, además Bolivia debería solicitar a Brasil que detenga al senador, hasta tanto se decida sobre una posible extradición.
