Los propietarios de medianas propiedades y empresarios agropecuarios tendrán un año, no solo seis meses como estaba fijado inicialmente, para pagar multas por desmontes ilegales y acogerse al programa de reforestación y producción de alimentos. Ese plazo corre a partir del 26 de febrero y también alcanza al resto de beneficiarios, según ley promulgada en febrero.
La decisión está contenida en la ley de Ampliación del Plazo y Modificación a la Ley Nro 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques de enero de 2013 que tiene como objetivo la reforestación de predios deforestados entre 12 de julio de 1996 y el 3 1 de diciembre de 2011 y la producción de alimentos estratégicos para garantizar la seguridad alimentaria.
La norma de enero de 2013 establecía que la mediana propiedad y los empresarios agropecuarios tenían seis meses para acogerse al plan, sin embargo la norma de febrero último amplía el plazo a un año y fija que corre a partir de ese mes para también el resto de beneficiarios, la pequeña propiedad y la propiedad colectiva de pueblos indígenas originario campesinos.
Quienes se acojan a la iniciativa del Gobierno deberán pagar una multa que difiere en función a la propiedad. La empresa y mediana propiedad de tierras de producción forestal permanente deben pagar 253 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) por hectárea; otras áreas de empresa y mediana propiedad, 175 UFV; pequeña propiedad, 117 UFV, y para la propiedad comunal la multa es de 39 UFV.
El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques incentivará la producción de alimentos y la reforestación de áreas afectadas, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y de la ABT.
La norma reglamentaria de la ley de enero 2013 fue aprobada en mayo y fue activado el cobro de multas. La ley de febrero último reprograma los plazos. Al menos cuatro millones de hectáreas de tierra fueron deforestadas ilegalmente entre 1997 y 2011, y deberán ser sometidas al proceso de regularización, el 56% están en Santa Cruz, 19% en Beni, 12% en Tarija, 8% en Pando, 4% en Chuquisaca y 1% en Cochabamba, según datos del Gobierno.
