Según un informe de Amnistía Internacional (AI), el Estado boliviano condena a las víctimas de los gobiernos militares al “olvido” y a ser borradas de la historia, debido a la falta de medidas oportunas para resarcir a las víctimas.
El pronunciamiento se dio tras diez años de la promulgación de la Ley 2.640 dirigida a otorgar reparación a las víctimas de las violaciones a derechos humanos durante los regímenes militares. El organismo presentará hoy el informe No me borren de la historia.
El estudio refleja también la falta de voluntad política para garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas de presidentes dictadores que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982.
Este diario intentó entrevistar a la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, para conocer su posición sobre este informe, pero se indicó que la autoridad estaba en Sucre.
“Bolivia no puede pasar esta página negra de su historia sin leerla del todo. Las autoridades bolivianas hicieron hasta ahora una lectura selectiva al no enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y reparar cabalmente a las víctimas. Si no rectifican, estarán condenando a cientos de víctimas al olvido”, sostuvo María José Eva Parada, investigadora de AI.
En este documento se señala lo insuficiente que fueron las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos durante esos años, llevar a sus responsables ante la justicia y proveer reparación a las víctimas.
No me borren de la historia. Verdad, es un trabajo que fue redactado con base en tres visitas que hizo una delegación de Amnistía Internacional a Bolivia entre 2012 y 2013. Durante su recorrido por Bolivia, las delegadas realizaron más de 100 entrevistas a familiares y víctimas de dictaduras en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro.
