La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) reprochó este martes al Estado boliviano que no haya puesto suficiente de su parte para aclarar los crímenes de las dictaduras militares (1964-1982).
«La falta de voluntad política para garantizar la verdad, la justicia y la reparación (…), condena a las víctimas a ser borradas de la historia», aseguró este martes la organización en un comunicado.
AI presentó un informe titulado «No me borren de la historia», que hace balance de los diez años pasados desde la promulgación de una ley (la 2640) que estableció mecanismos para reconocer a las víctimas y otorgarles honores, atención médica y compensación.
«Sin embargo, su puesta en práctica no ha garantizado una reparación justa», dice AI.
Por ejemplo, la organización critica que para reclamar indemnizaciones se pidieron «requisitos casi imposibles de cumplir» y se establecieron «plazos breves» que se tradujeron en el rechazo de «más de dos tercios de las solicitudes».
Entre 1964 y 1982, Bolivia estuvo bajo el mando de gobiernos militares como los de René Barrientos, Alfredo Ovando y Hugo Bánzer.
Según datos recopilados por la organización con sede en Londres, 200 personas fueron asesinadas y 150 desaparecieron a manos de las dictaduras militares. Además, 5.000 fueron detenidas de forma arbitraria y 20.000 tuvieron que exiliarse o fueron deportadas.
«Bolivia no puede pasar esta página negra de su historia sin leerla del todo. Si no rectifican, estarán condenando a cientos de víctimas al olvido», dijo María José Eva Parada, investigadora de Amnistía Internacional sobre Bolivia.
«Fuera de unos pocos casos emblemáticos, la mayoría de los responsables de los abusos de aquella época no han comparecido ante la justicia», indicó María José Eva Parada.
AI critica particularmente a las autoridades militares, cuya negativa a permitir el acceso a sus arhivos «es un factor clave que ha contribuido a la falta de verdad, justicia y reparación en Bolivia».
