El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, afirmó ayer que, pese a las denuncias de irregularidades que habría emitido el exfiscal Marcelo Soza, el juicio del caso Terrorismo debe continuar hasta que se conozca el fallo de los jueces que llevan el proceso.
“Eso sigue nomás. Tiene que seguir. Sale el fiscal acusador en este caso, se reemplaza por otro, hay un cuerpo de fiscales que lo maneja en Santa Cruz, esos fiscales continúan. La salida de este señor (Marcelo Soza) no significa que la causa haya terminado, la causa tiene que terminar de alguna forma con la decisión de los jueces”, explicó Von Borries a los periodistas.
Sin embargo, reconoció que este caso es complejo por la cantidad de acusados, toda vez que se tiene que realizar audiencias y declaraciones para cada uno de ellos, teniendo en cuenta además que el juez que lleva el proceso es de La Paz y fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz.
El caso Terrorismo se refiere al juicio que se inició en contra de un grupo acusado de separatista por el Gobierno. Este proceso de inició el 16 de abril de 2009, cuando la Policía, en un operativo armado, intervino el hotel cruceño Las Américas para desarticular a la citada agrupación. Allí murieron Eduardo Rózsa, supuesto líder, y los extranjeros Michael Dwyer y Arpád Magyarosi, y sobrevivieron Elöd Tóásó y Mario Tadic.
En el juicio instaurado, del que Soza era director funcional, se imputó por el delito de alzamiento armado a 39 personas, entre ellas los dos extranjeros sobrevivientes. De los imputados, 15 fueron declarados en rebeldía porque huyeron del país.
Posteriormente, Soza renunció al cargo de fiscal en marzo de 2013, con el argumento de que su familia sufrió amenazas. Su dimisión fue aceptada dos meses después. Pero además se le inició tres procesos, dos por extorsión a los procesados y uno disciplinario.
El miércoles se confirmó que Soza salió irregularmente del país y pidió asilo en Brasil. En una carta atribuida a Soza se denuncia que en el caso Terrorismo se llegó a comprar testigos falsos y a extorsionar. Además se indica que el Ministerio de Gobierno dirigió el operativo policial armado.
Con referencia a esas irregularidades, Von Borries explicó que con base en esas denuncias se puede iniciar etapas relativas al mismo juicio, pero aparte. “Se pueden abrir otras ramas laterales, pero el juicio principal sobre terrorismo tiene que continuar”. El tratamiento de esas denuncias “tiene que ser por cuerda separada” abriéndose un nuevo proceso cuando termine el actual juicio, agregó.
Al referirse al juicio por terrorismo, recordó que siempre criticó que el caso Terrorismo se extienda por cinco años y que la investigación haya durado más de tres años, todo contra la norma que fija plazos. Agregó que por muy organización criminal que sea, la pesquisa no debería haber pasado de los 18 meses establecidos legalmente.
Negó que en este proceso haya retardación de justicia. Explicó que si hay un delito, éste primero tiene que ser calificado, luego analizado y juzgado, aunque reconoció que sí pudo haber existido mora procesal.
Von Borries dijo que en el caso del proceso disciplinario abierto en Sucre contra Soza, los jueces cumplieron con su deber. “Los jueces han ordenado que den declaraciones, han ordenado incautaciones, secuestros de algunas pruebas. Entonces, esta vez creo que no le echarán la culpa a los jueces ni al Tribunal Supremo”, indicó.
Reacciones por el caso
Informe
La Comisión de Justicia Plural citó al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que informe sobre la situación del exfiscal Marcelo Soza.
ONU
El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, anunció que pedirán a la ONU que lleve una investigación internacional del caso Terrorismo.
La Policía deslinda culpa en el caso Soza
Villarpando afirmó que no les llegó órdenes para aprehender al exfiscal
J. José Cusicanqui
El comandante de la Policía Boliviana, general Wálter Villarpando, deslindó ayer a su institución de cualquier responsabilidad por la salida irregular del exfiscal Marcelo Soza Álvarez —que enfrenta tres procesos—, quien pidió asilo en Brasil tras denunciar irregularidades en el caso Terrorismo, que atendió, y señalar que teme por su vida.
“(Quiero) hacer conocer que desde el 19 de marzo de 2013 hasta el miércoles 12 de marzo de 2014, fecha en que se confirmó la salida del país del exfiscal, ninguna autoridad del Ministerio Público ni del Órgano Judicial emitió a este Comando General de la Policía, ni a los nueve comandos departamentales, incluido unidades policiales, ninguna orden de aprehensión o arraigo en su contra”, indicó cuando leyó un comunicado.
Agregó que hasta el 11 de marzo, la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tampoco recibió ningún mandamiento de aprehensión o actuado procesal en contra de Soza para evitar su salida del país. También indicó que la Interpol no recibió ninguna solicitud de persecución al exfiscal.
La noche del 12 de marzo, los fiscales general Ramiro Guerrero, en Sucre, y anticorrupción de Santa Cruz, Rose Marie Barrientos, anunciaron la emisión de mandamientos de aprehensión en contra de Soza, en dos procesos distintos, el primero de carácter disciplinario y el segundo por denuncia de extorsión en el caso Terrorismo.
El director nacional de la FELCC, coronel Fernando Mercado, informó ayer que la Policía activó a grupos de Inteligencia en todo el país para dar curso a los requerimientos emitidos desde el Ministerio Público, reportó ABI.
‘El Viejo’ pide recusar a una jueza ciudadana
Villa afirma que una de sus hijas trabaja en el Órgano Ejecutivo
Iván Condori – Santa Cruz
Tras afirmar que la hija de la jueza ciudadana del caso Terrorismo Anastasia Calizaya trabaja en el Ministerio de Transparencia, la defensa de Ignacio Villa (El Viejo) presentó ayer el incidente de recusación ante el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz, para que sea apartada del proceso que está en fase oral.
La corte espera la respuesta del Ministerio Público para resolver el incidente de recusación, instancia que pidió un plazo de tres días para responder al recurso de El Viejo.
El abogado Guido Colque, defensor de Villa, fundamentó su recusación en que la jueza ciudadana había faltado a la verdad cuando se realizó el acta de juramento en que manifestó que ningún familiar suyo trabajaba para el Gobierno.
Colque dijo que al recurso se adjuntó el certificado de nacimiento y los formularios de la Contraloría General del Estado, con los que se demuestra que la jueza es funcionaria pública.
“Esto demuestra que no tiene la imparcialidad, el compromiso de justicia que pudiera dictaminar. Al tener un familiar trabajando para el Gobierno compromete dependencia a la jueza, entonces qué podemos esperar de esto”, manifestó.
