El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público presentó pruebas y testigos que demostraron que Moisés Ponce de León, abogado del exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, habría cobrado $us 68.000 a diferentes personas que fueron acusadas en este caso, según una nota publicada por el periódico digital Oxígeno.
Para la autoridad, ese fue el principal motivo por el cual el sábado por la tarde se dispuso su detención preventiva en el penal cruceño de Palmasola.
“Nuestros fiscales en Santa Cruz demostraron que existieron riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, por lo que ahora está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola a la espera de un juicio, donde demostraremos la hipótesis del Ministerio Público, que lo único que se pretende es esclarecer la verdad histórica y material de los hechos”, manifestó el fiscal Guerrero.
La pasada semana, Soza huyó a Brasil, donde solicitó refugio. En una carta que se le atribuye denuncia que en el caso Terrorismo fueron comprados testigos y que hubo excesos; luego, Ponce de León fue detenido y un juzgado de Santa Cruz dispuso su detención preventiva.
Al respecto, el oficialismo desestimó las denuncias planteadas en la misiva de Soza, además de pedir que no se confun- dan las investigaciones al caso de extorsión con el de Terrorismo, que dirigiera el exrepresentante del Ministerio Público.
En el programa El Pueblo es Noticia de Bolivia Tv, el senador René Martínez (MAS) indicó que la carta tiene varias contradicciones y que no está verificada la autenticidad de su autoría.
“Esta carta tiene muchas contradicciones. Él (Soza) dice que recibió muchas presiones para alterar el proceso; sin embargo, asegura que cumplió su deber”, dijo.
En tanto, el exdiputado César Navarro, quien investigó el caso (2008-2009), afirmó que Bolivia se libró de una “guerra civil” a ser detonada por mercenarios liderados por Eduardo Rózsa Flores.
