Miembros de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), víctimas de una represión policial en septiembre de 2011 en la localidad beniana de Chaparina, recibieron ayer del fiscal general, Ramiro Guerrero, el compromiso de agilizar la investigación sobre esos hechos.
Víctimas, acompañadas de activistas de derechos humanos, se reunieron con Guerrero, quien anunció —según informaron al término del encuentro— el inicio de una “auditoría” del proceso de investigación y el reforzamiento de la comisión de fiscales instituida en La Paz.
Dolores Muyo, una de las representantes de las víctimas, recordó que la violenta represión policial se produjo cuando el grupo de marchistas (que se oponía a la apertura de un camino por el núcleo del TIPNIS) descansaba en Chaparina.
Muyo lamentó la demora con que hasta ahora la Fiscalía lleva la indagación y consideró que el trabajo de la comisión de fiscales no dio los resultados esperados, pese al tiempo transcurrido.
La activista de derechos humanos Olga Flores afirmó que el fiscal Guerrero anunció el inicio de una “evaluación jurídica” del proceso. Reiteró su preocupación porque los fiscales excluyeron de éste al exministro de Gobierno y actual embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti.
