La opositora Unidad Nacional (UN) pedirá informes sobre los contratos de servicio que mantienen empresas estatales con compañías formadas por sociedades anónimas, anticipó ayer el diputado por esa tienda política Antonio Franco. En el gobernante MAS aceptan la investigación, aunque hay opiniones que la descalifican.
“Empresas de sociedad anónima están participando de las contrataciones del Estado (…) Investigaremos de qué manera, a través de terceras personas, algunas autoridades se benefician por estas acciones”, afirmó el legislador.
Esta semana, UN acusó a la cuñada del vicepresidente, Álvaro García Linera, (Silvana Carolina del Castillo), de beneficiarse de un contrato de provisión de refrigerios para los pasajeros de la estatal Boliviana de Aviación (BoA). La familiar de la autoridad es parte de la empresa Air Catering que fue invitada para ser proveedora de la aerolínea tras una compulsa entre otras empresas del rubro, confirmó el gerente de la estatal de aviación, Ronald Casso, quien aseguró que el contrato fue legal.
García Linera pidió a BoA anular el trato con Air Catering a pesar, dijo, que el trato era legal. Negó el tráfico de influencias porque aseguró desconocer la operación en la que estaba su cuñada y descartó una relación de nepotismo porque la administración de BoA se encuentra alejada de sus atribuciones específicas. Tras la explicación del Vicepresidente, UN anunció una querella contra la autoridad, una acción que todavía no se ha cumplido.
El senador David Sánchez (MAS) señaló que “son acusaciones irresponsables y habrá que ver si la Fiscalía corrobora la denuncia (porque) la oposición está aprovechando políticamente este tema”. El diputado oficialista Irineo Condori dijo que corresponde una investigación. “Tenemos que ser más duros con los funcionarios de gobierno”, afirmó tras anunciar acciones desde su bancada.
