El vejamen sexual a un reo de Palmasola y la agresión física a otro de El Abra, por resistirse a pagar su ‘seguro de vida’, reavivaron la crítica a los abusos entre reclusos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que esta situación debe ser revertida de manera estructural, con infraestructura.
En el penal cruceño de Palmasola coincidieron en señalar que la situación no cambió nada tras aquel trágico enfrentamiento de agosto del año pasado entre internos de la sección Chonchocorito, que cobró la vida de 35 personas, cuando se disputaron el cobro de los “seguros de vida” (unos $us 3.000 que debe pagar el nuevo interno para no sufrir abusos) y de los alquileres de celdas.
La violencia carcelaria en el país alcanzó niveles inéditos, pero lo más grave es que ésta pareciera haber llegado a adquirir carácter de cotidianidad, de acuerdo con reos consultados.
Al referirse a las agresiones a los presos, Romero sostuvo que “esto nos parece muy grave, elaboramos medidas administrativas y no es así que vamos a resolver los problemas de Palmasola y de los centros penitenciarios del país, sino con medidas estructurales, y esto requiere de una fuerte inversión en materia de infraestructura”.
“Tenemos que reconocer que hay muchas falencias en los penales, no solamente en Santa Cruz”, remarcó la autoridad, y agregó que espera la propuesta de una empresa china para infraestructura y tecnología para las cárceles. Respecto a Palmasola, adelantó que habrá ajustes en el control.
El miedo y el terror a castigos por el incumplimiento a las reglas impuestas por “los más fuertes” (físicamente) se mantienen vigentes. Una de las muestras del abuso es la violación que sufrió en Palmasola un interno de 20 años por resistirse a pagar el “seguro de vida”.
¿Pero qué movimiento económico significa el cobro del “seguro de vida” y los alquileres? Mensualmente ingresan al penal de Palmasola, de manera preventiva, entre 600 y 700 personas, cada una de ellas debe pagar por el “seguro” $us 1.000, por lo que la recaudación fácilmente alcanza los $us 600.000, de acuerdo con versiones de los reclusos.
Con relación a los alquileres, según las mismas fuentes, éstos oscilan entre Bs 150 y 400 al mes. Siendo que la población llega a 5.200 internos, por lo mínimo se alcanza a recolectar Bs 780.000.
Julio, un reo que pidió reserva en su identidad, se limitó a decir que para vivir tranquilo se debe cumplir con las reglas y las obligaciones impuestas, de lo contrario son sometidos a castigos. Otro preso de Palmasola que igualmente prefirió no identificarse, sostuvo que en la penitenciaría “las cosas son muy caras; si tienes dinero lo consigues todo, de lo contrario no hay nada”
Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario, opinó que en el interior de las cárceles operan redes de extorsión que mueven importantes cantidades de dinero por concepto de cobros ilegales a los internos.
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Jessica Echeverría se declaró consternada por los abusos. “No es la primera vez que ocurren estos vejámenes en el interior de Palmasola”, sostuvo, y refirió que el recluso violado tiene temor de retornar al centro de reclusión.
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galviz, advirtió que es hora de que se atienda y se erradique los puntos más débiles que hay en el sistema penitenciario: violaciones, maltratos físicos y cobros por seguro. El delegado del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, afirmó que el Gobierno puso atención para erradicar los abusos físicos y judiciales a los presos.
Iglesia pide pesquisa
Situación
Erwin Bazán, vocero de la Iglesia Católica, se preguntó cómo es posible que en un ambiente controlado y llamado centro de rehabilitación se den abusos. “Seguro que hay responsabilidades que deben ser establecidas en una investigación”. Pidió que se mejoren las condiciones de vida y se supere el hacinamiento.
Exdirector plantea que se edifiquen ciudadelas
Wilson Soria, exdirector nacional de Régimen Penitenciario, sugirió la implementación de ciudadelas penitenciarias como una medida para erradicar los cobros ilegales y abusos que se registran entre los mismos presos en las cárceles del territorio nacional.
De acuerdo con la exautoridad penitenciaria, que ocupó el cargo entre marzo y agosto de 2010, el sistema de ciudadelas carcelarias tuvo buenos resultados en países del Viejo Continente y actualmente se implementa este modelo de manera positiva en los reclusorios de Ecuador.
Entre las características de las ciudadelas penitenciarias mencionadas por Soria, figuran espacios para la creación de centros de rehabilitación psicológica y de salud, y talleres ocupacionales con campos productivos que brinden mejores condiciones de vida. “Con la aplicación de esta política se erradicarían las violencias físicas, psicológicas, sexuales y cobros irregulares existentes”, apuntó.
Desde el punto de vista del exfuncionario carcelario, los abusos denunciados en el interior de las cárceles ocurren a raíz del hacinamiento que existe en esos predios, deficiencia que es aprovechada por algunos internos para realizar los cobros ilegales. Soria recordó que durante su gestión se impulsaba un proyecto que contemplaba la creación de tres ciudadelas penitenciaras en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La construcción de estas infraestructuras modernas en el eje troncal del país demandarían una inversión económica de unos $us 50 millones. “Bolivia está en la capacidad de contar con este tipo de infraestructuras, solo se requiere de una voluntad política”.
DDHH demanda el cierre de Chonchocorito
La presidenta departamental de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz, Ana María Galviz, demandó el cierre del bloque Chonchocorito (PC-3) del penal de Palmasola, sección en la que el año pasado se registró un enfrentamiento entre recluso, por el control del lugar, que causó la muerte de 35 personas, la mayoría por quemaduras.
“Nunca estuvimos de acuerdo con la reconstrucción del bloque quemado porque no es posible que se retorne a los reclusos al lugar donde hubo baño de sangre y varias personas murieron calcinadas producto del incendio generado”, sostuvo la activista.
La representante de la asamblea indicó que la posibilidad de la clausura del PC-3 iba por buen camino, pero que con un cambio repentino del gobernador del penal y del director macional de Régimen Penitenciario se echó por tierra esta propuesta, ya que las nuevas autoridades llegaron con otros proyectos.
El techo y las paredes del sector afectado de Chonchocorito quedaron quemados en el enfrentamiento de agosto del año pasado, meses después la obra fue refaccionada y reconstruida por los mismos internos.
