La ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó hoy que el tratamiento de la propuesta técnica del Pacto Fiscal se iniciará en junio, porque existe una resolución emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que asegura que a finales de ese mes se entregarán los datos oficiales del Censo 2012.
‘Existe una resolución emitida por el INE que asegura que a finales de junio se entregarán los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012. El tratamiento de la propuesta técnica para el Pacto Fiscal se iniciará en junio, una vez entregados los resultados finales del Censo 2012’, indicó.
En declaraciones al programa No Mentirás, recogidas en una nota de prensa institucional, Peña aseguró que se empezaría a trabajar el Pacto Fiscal sobre la base de los resultados oficiales que entregue el INE, como lo manda la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.
Por primera vez, el Censo dará datos no solamente a nivel municipal si no también a nivel local, es decir de las comunidades, y esto hará que la misma sea muy específica a nivel territorial y no solamente dará cuenta de cuánta gente vive en cada comunidad sino también de sus condiciones de vida.
Peña recordó que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) elaborará una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal con un plazo de hasta seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo y que la propuesta deberá pegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución considerando las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos y municipios.
‘Eso quiere decir que para el Pacto Fiscal no hace falta solamente saber cuánta población vive en cada municipio o departamento, sino también las diferencias entre, por ejemplo, acceso, servicios básicos, condiciones de vivienda y necesidades de desarrollo económico social’, agregó.
La Ley Marco de Autonomías establece que el Pacto Fiscal no sea simplemente la repartición de recursos a cada gobierno autónomo puesto que debe tomar en cuenta las necesidades económicas y sociales diferenciadas territorialmente con los principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad, equidad y cumplimiento de derechos.
