La proveedora de refrigerios Air Catering mantiene el contrato con la estatal Boliviana de Aviación (BoA) a pesar de la solicitud de anulación que hizo el vicepresidente Álvaro García Linera (26 de marzo), cuando se divulgó la participación de su cuñada, Silvana del Castillo, en la referida firma privada.
El abogado de Air Catering, Luis Butikoffer, en contacto con La Razón explicó ayer que si bien la autoridad lanzó ese anuncio, hasta el momento, la estatal de aviación no envió ninguna notificación. Adelantó que de darse una rescisión unilateral del contrato, “se puede abrir una demanda (legal a la aerolínea) por daños y perjuicios”.
“No hay ninguna notificación por parte de la empresa BoA, tampoco existe una causal justificada en el contrato para que pueda darse una anulación; por tanto, las actividades continúan con normalidad porque este tipo de servicios no puede cortarse abruptamente (…) por ahora no estamos previendo ningún procedimiento porque el contrato sigue en pie”, dijo.
El jurista afirmó que el acuerdo legal con BoA, firmado este año y con validez hasta diciembre, es concordante con el Decreto 181, que autoriza a las empresas estatales a realizar sus contrataciones “de manera directa”.
Según Butikoffer, la adjudicación no fue ilegal puesto que la relación de parentesco entre García Linera y una de las socias de la empresa no es un impedimento para la vigencia del contrato de servicios con la estatal, debido a que el pacto fue con la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de BoA y no con la Vicepresidencia.
El presidente Evo Morales, ayer en una entrevista divulgada por la Red Uno, respaldó a García Linera y afirmó que el contrato, cuestionado por la opositora Unidad Nacional, “es legal”. “Están en su derecho, aunque para no- sotros (el contrato) es antiético”, afirmó la autoridad tras reafirmar el criterio con el que García Linera solicitó la anulación del acuerdo BoA-Air Catering.
Relaciones. El portavoz de UN, Arturo Murillo, denunció al Vicepresidente ante la Fiscalía para que esa instancia jurisdiccional investigue a la autoridad por el delito de “uso indebido de influencias”. El dirigente opositor informó ayer que el Ministerio Público rechazó la solicitud por falta de argumentos, pero anticipó que insistirá con el caso con otra demanda.
El portavoz de UN aseguró que el contrato era por Bs 18 millones, un aspecto que cuestionó por el recorrido “de apenas un año” de Air Catering. El 26 de marzo, García Linera y el gerente de BoA, Ronald Casso, coincidieron, por separado, en que el monto no era fijo ya que la provisión de refrigerios era a demanda.
La empresa logró el contrato con BoA por efecto de una “invitación directa” tras una compulsa de ofertas con otras dos firmas del rubro. Casso indicó que Air Catering logró el contrato porque presentó el precio más bajo. Ese día, el Gerente de BoA afirmó que la desvinculación con la proveedora sería gradual puesto que no se puede dejar sin el servicio a los pasajeros.
El domingo, en una entrevista con la Red Uno, el Vicepresidente se refirió al caso e insistió en que no hubo irregularidad en el procedimiento, sino la forma en que se relacionó a su cuñada con el aparato estatal. “Me molestaron dos cosas: que no me hayan avisado (…) ni la familia ni la gente del ministerio (de Obras Públicas, cabeza de sector de BoA); la familia, porque saben cómo soy yo, saben que inmediatamente hubiera cortado eso (el contrato)”.
En esa línea, insistió en que no conocía el contrato. “Tengo mi familia, mi esposa, mi madre y mis hermanos, en lo privado, ahí los quiero mucho, los adoro. (Pero cuando) salgo de mi casa ya no tengo familia”, comentó.
García Linera también se refirió al control que junto al presidente Evo Morales hacían, hasta 2013, en el gabinete sobre solicitudes de acuerdos contractuales con familiares o afines a las autoridades de estado. Reveló que ese procedimiento no se cumplió este año. “En el Gobierno no tenemos familia”, manifestó el Vicepresidente.
Suxo no conoció la denuncia
Caso
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijo ayer que a su despacho no llegó la denuncia de este caso y que cuando así sea, se hará una indagación a la investigación de la Fiscalía.
UN
UN denunció tráfico de influencias, pero la querella fue rechazada. Alista una nueva denuncia sobre el supuesto tráfico de influencias en BoA.
UN lanza otra acusación contra García
El portavoz de UN, Arturo Murillo, calificó ayer de irregular la contratación de Mariana Prado Noya como jefa de gabinete del vicepresidente Álvaro García Linera, en virtud a que la funcionaria ejerció la presidencia del directorio de BoA entre 2010 y 2012, según refiere la Resolución Suprema 04457 del 9 de noviembre de 2010.
“Ahí mostramos claramente que la creación de las empresas del Estado no se ha hecho para beneficiar al pueblo, sino para hacer, aparte de vínculos familiares, este tipo de nexos”, sentenció.
Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, negó tal extremo al calificar la denuncia como una “guerra sucia y de mala fe”. Argumentó que la contratación de la funcionaria pública fue legal y que solamente el político opositor “de manera distorsionada y deliberada pretende ensuciar los nombres”.
