El Ministerio de Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que informe sobre la legalidad de la autodenominada ‘comisión de justicia y verdad’, informó el viernes el director general de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo.
‘Nuestro señor ministro de Gobierno, Carlos Romero, está cursando una nota formal al señor presidente de la Cámara de Diputados, el señor presidente de la Cámara de Senadores, para que señale, certifique si la autodenominada comisión de la justicia y la verdad ha cumplido los procedimientos del Reglamento General de la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa Plurinacional’, dijo en una conferencia de prensa.
Esa comisión, conformada por disidentes y opositores del oficialismo, amenazó con iniciar acciones penales contra autoridades estatales, porque presuntamente se les obstaculizó su derecho de fiscalización al impedírseles ingresar al penal de Palmasola (Santa Cruz) para entrevistarse internos que denunciaron abuso policial en una requisa.
Según Aramayo, el Ministerio de Gobierno esperará que las autoridades legislativas establezcan si esa comisión cuenta o no con acreditación oficial y cumplió con los procedimientos formales establecidos en la Constitución Política del Estado, aunque se presume -dijo- que actúa fuera de la ley.
Si se confirma esa situación de ilegalidad, se asumirá ‘con toda drasticidad las acciones legales y jurisdiccionales competentes’ contra sus miembros, subrayó Aramayo.
‘Todo el pueblo boliviano va a conocer esta situación y con esta certificación el Ministerio de Gobierno estará en condiciones de asumir las medidas correspondientes desde el punto de vista jurisdiccional para establecer estos abusos de autoridad de algunos parlamentarios’, agregó.
Aramayo afirmó que los detenidos en el penal de Palmasola por el caso extorsión intentan confundir a la población y victimizarse al denunciar una supuesta golpiza.
