La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz determinó este viernes dar procedente la Acción de Libertad presentada por los ocho ex funcionarios de gobierno acusados de conformar presuntamente una red de extorsión, quienes denunciaron que sus vidas corren peligro en las celdas del PC 7 de Palmasola tras la ilegal requisa en horas de la madrugada del jueves pasado por parte de presuntos efectivos policiales «encapuchados y de civiles».
A la conclusión de la audiencia, que duró más de ocho horas, el ex abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, mostró su beneplácito por la determinación judicial, sin embargo, sostuvo que se aguardará la ratificación o rechazo a esta resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
«El tribunal de garantías ha reconocido de las ilegalidades y arbitrariedades de esa violación a los derechos constitucionales, ha reconocido la vulneración a derechos humanos por parte de esos malos funcionarios que han ingresado de manera violenta irrumpiendo a nuestro lugar donde guardamos detención», manifestó a los medios de prensa.
Rivera reiteró que fueron víctimas de abusos físicos y sicológicos por parte de «funcionarios de gobierno» cuando ingresaron a sus celdas de forma violenta y encapuchados a la una de la madrugada del jueves.
En la audiencia, el ex fiscal de La Paz, Edward Mollinedo, determinó ya no emitir ninguna declaración sobre los casos donde supuestamente existe una manipulación de la justicia por parte del gobierno debido a la presión sicológica realizada por los «encapuchados» dentro de su celda.
«Yo tengo las fotografías de mi madre de 86 años en la pared de mi celda, de mi esposa y de mis tres hijas menores de edad, esta gente viene saca fotografías y filma a nuestros familiares, ¿eso no es amedrentarme?, ¿no es una amenaza sicológica?, para qué quieren las fotografías de nuestros familiares. Voy a callar, no voy a hablar más díganle al viceministro (Jorge Pérez) que no voy hablar más porque han conseguido conmigo, estoy amedrentado, estoy asustado», dijo Mollinedo.
Fernando Rivera, Denis Rodas, ex abogados del Ministerio de Gobierno; Boris Villegas, ex director de Régimen Interior, además de los ex fiscales Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Roberto Achá (ex fiscal del caso Ostreicher), y los ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Ramiro Ordóñez y Moisés Aguilera son los acusados por el gobierno de conformar una supuesta red de extorsión de varios procesos de interés del Estado y de casos particulares.
El artículo 125 de la Constitución Política del Estado selaña: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad».
