El ministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitó la impugnación de la resolución de la Sala Penal 1a. de Santa Cruz que declaró ilegal la requisa policial efectuada la madrugada del pasado 10 de abril en el sector PC-7 del penal de Palmasola.
“Yo he pedido a mis abogados que impugnen esa decisión que otra vez refleja cómo algunos malos funcionarios tuercen la aplicación de la ley. Resulta que a nosotros nos quieren amputar, como Régimen Penitenciario, la posibilidad de hacer revisiones”, manifestó el ministro Romero.
Explicó que los magistrados se respaldaron en el artículo 174 del Código de Procedimiento Penal que “dice que la requisa debe ser autorizada por un fiscal”, pero cuestionó la aplicación de la norma porque la disposición hace referencia a investigaciones criminales.
“Si hay una inspección no necesita de fiscal, porque no se está investigando un crimen, se investiga si se están cumpliendo las reglas internas de los penales”, donde “muchas veces introducen elementos como armas punzocortantes, elementos que les sirven para resolver pugnas internas”, dijo.
La restricción fue impuesta durante una audiencia de acción de libertad planteada por ocho implicados en el caso denominado Extorsión y que denunciaron ser víctimas de golpizas y tortura durante un operativo policial de revisión, realizado en Palmasola.
Romero descartó la existencia de abusos; el recurso presentado “no ha establecido que haya habido algún tipo de tortura, de daños, lo que han hecho es decir que la revisión no cumplió algunas formalidades y alegan el artículo 174 del CPP. Gravísimo además para esos vocales”, dijo. Cuestionó las denuncias y acusó a diputados de la oposición de defender a exautoridades de gobierno a quienes antes denunciaban.
Un plan conspirativo
Inteligencia
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denuncia la existencia de un plan de conspiración contra el Gobierno y contra el juicio por separatismo.
