La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene en mesa 87 denuncias pendientes de estudio contra Bolivia por vulneración de derechos humanos, según establece el informe sobre la gestión 2013 de la institución internacional. En el documento también está registrado el rechazo de tres peticiones y la aceptación de cuatro contra el Estado.
El informe estadístico de la institución, presentado la semana pasada en Washington, reporta que en 2013 recibió 16 peticiones en contra de Bolivia. Por “peticiones” se entienden todas aquellas denuncias en las que se ha dado traslado al Estado pero que no cuentan con informe de admisibilidad.
Cuatro fueron aceptadas para trámite, mientras que tres fueron rechazadas. Hasta el año pasado, la CIDH contabilizó 2.061 peticiones de demanda y un total de 1.753 en la etapa de “admisibilidad y fondo”, donde están 24 contra el Estado, hoy bajo administración del gobierno del presidente Evo Morales.
Un recuento hecho por La Razón Digital en abril de 2013 estableció que la CIDH admitió entre 2001 y 2009 al menos doce demandas contra el Estado boliviano, con denuncias como detención ilegal por retardación de justicia, violación, esterilización no consentida e incumplimiento de fallos entre otras.
Entre ellas está la denuncia aceptada en octubre de 2005 y presentada por el hoy vicepresidente Álvaro García, su hermano Raúl, Silvya de Alarcón Chumacero, Raquel Gutiérrez Aguilar, Víctor Ortiz Quispe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Felipe Quispe, Alejandro Choque y Mario Apaza Bautista por detención arbitraria, hostigamiento a familiares, tortura, procesamiento y persecución indebida de las presuntas víctimas, en el caso del Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) por el que fueron acusados por la comisión de 14 delitos, entre ellos terrorismo.
La Comisión tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, entre ellos recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) -que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado- han violado derechos humanos.
También están en mesa ocho solicitudes de medidas cautelares por vulneración de derechos humanos en territorio boliviano. Esta figura es aplicado en “caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”, según prevé el reglamento de la Comisión.
