Los abogados del caso Caranavi, Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, informaron que al cumplirse hoy cuatro años de los violentos sucesos acaecidos en la región de los Yungas de La Paz, donde fallecieron dos jóvenes, elevarán en los próximos días una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se haga justicia.
Los abogados denunciaron que a lo largo de estos 48 meses y a pesar de haber presentado solicitudes de imputación al Ministerio Público contra los generales Óscar Nina (entonces comandante de la Policía Boliviana), Ciro Farfán, quien tenía en ese tiempo el grado de coronel y era comandante departamental de la Policía de La Paz, además de Reynaldo Iturri y Jorge Ayala, quienes presentaron incidentes para postergar la investigación, por lo que hasta la fecha no se pudo realizar a una audiencia de medidas cautelares.
«No hay la mínima intención siquiera de notificar por ejemplo las imputaciones que se han presentado, nosotros en un plazo muy breve vamos a estar recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo sentimos mucho por el Estado (…), pero con autoridades que influyen para que quede en impunidad estos casos definitivamente no vamos a ser cómplices», manifestó Quiroz.A
Asimismo, lamentaron que el Ministerio Público no se haya pronunciado sobre la situación jurídica del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien acusan de ser responsable intelectual de la violenta intervención policial ejecutada en Caranavi en mayo de 2010.
El 7 y 8 de mayo de 2010, perdieron la vida los jóvenes David Calisaya y Fidel Hernany, tras una violenta intervención policial que buscaba desbloquear la carretera a los Yungas, puesto que los pobladores de Caranavi impedían la circulación de vehículos en demanda de la construcción de una planta procesadora de cítricos, que hasta ahora no se edificó.
El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 133 (duración máxima del proceso), señala que «todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía».
El Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, presentado en febrero de 2012, advierte en uno de sus acápites que las investigaciones en torno a las muertes del 7 y 8 de mayo de 2010, en la localidad de Caranavi, no tienen avance por parte de la justicia boliviana.
