La Procuraduría General del Estado informó que la Justicia ordenó el levantamiento del secreto de imprenta y revelar la fuente del reportaje sobre la demanda marítima publicado en el suplemente Animal Político. De acuerdo con el comunicado, el periodista Ricardo Aguilar Agramont, autor de la nota, tiene tres días para cumplir con la orden judicial.
“Exhortamos al periodista Ricardo Aguilar Agramont y al periódico La Razón a coadyuvar con la presente investigación, que tiene el único fin de proteger la mayor acción jurídica que ha emprendido el Estado y el pueblo boliviano, en defensa del objetivo más sensible y trascendental para nuestra nacionalidad”, señala el texto.
La Razón expresó ayer su posición en un comunicado, en el que afirmó que el reportaje fue “procesado de manera lícita, bajo nuestros códigos de imprenta y de ética, sin violar norma alguna”. Añadió que apelará a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, “especialmente en referencia a la inviolabilidad” del secreto de imprenta.
Arce presentó la denuncia ante la Fiscalía el 22 de abril por la comisión de los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en el reportaje titulado “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político.
“El Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, mediante auto de fecha 29 de abril de 2014, de conformidad al artículo 9 de la Ley de Imprenta, ha dispuesto el levantamiento del secreto de fuente”, sostiene el comunicado, que añade que debe revelarse “el nombre o los nombres de las autoridades o exautoridades, del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario o exfuncionarios públicos que le reveló o revelaron información reservada sobre la demanda marítima boliviana”.
La Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Periodista de La Paz expresaron hoy por separado su respaldo a La Razón y demandaron a las autoridades tramitar el caso ante un Tribunal de Imprenta. Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de respetar el principio constitucional de inviolabilidad del secreto de imprenta.
La Procuraduría aseguró que “es profundamente respetuosa de los derechos que hacen a la libertad de expresión, como base del Estado de Derecho y la institucionalidad republicana” y que optó por la demanda debido a que se trata “de la protección del tema más importante de las relaciones internacionales”.
