La Policía boliviana detuvo al presunto narcotraficante paraguayo Juan Carlos Da Rosa González, buscado en ese país por tráfico ilícito de drogas y acusado en Bolivia por el secuestro de la excandidata presidencial y exsenadora Ana María Flores, informaron hoy fuentes oficiales.
Da Rosa fue detenido el pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este) durante un operativo policial dentro del llamado «Plan Chachapuma», contra la violencia e inseguridad ciudadana, dijo a Efe el viceministro boliviano de Régimen Interior, Jorge Pérez.
«Esta persona estaba prófuga dentro de un caso de un secuestro que ocurrió en octubre de 2012 en Bolivia, de la exsenadora Ana María Flores», señaló Pérez.
Cuando se iniciaron las investigaciones por aquel secuestro, se tenía información de que Da Rosa, que tiene el alias ‘El Tigre’, era boliviano, nacido en la región amazónica de Beni, pero al ser detenido la semana pasada, se le encontró documentación paraguaya.
«Aparentemente, él sería paraguayo y cuando vino a Bolivia, tramitó la nacionalidad boliviana», indicó Pérez y añadió que se investiga si es legal la supuesta doble nacionalidad del detenido.
Según el viceministro, también se tiene información preliminar de que Da Rosa «tendría antecedentes relacionados con drogas en el Paraguay», por lo que ya se estableció un contacto con las autoridades de ese país.
En abril pasado, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó sobre el decomiso de un alijo de 36 kilos de cocaína en una vivienda de propiedad de un familiar de Da Rosa, identificado en ese país como el presunto jefe de una banda dedicada al tráfico de ese narcótico a Oriente Medio y África.
La droga, procedente de Colombia y distribuida en 34 paquetes, se encontraba en un doble techo de una casa en la localidad de Areguá, unos 27 kilómetros al este de Asunción.
Se pensaba que Da Rosa estaba en territorio brasileño y que desde allí coordinaba supuestamente los envíos de cocaína.
Tras enterarse de que Da Rosa fue detenido en Bolivia, la Senad señaló en un comunicado que «al no haber convenio de extradición entre ambos países», se realizaban «trámites administrativos para la expulsión y entrega del narcotraficante en la frontera».
