Miércoles 9 de abril, 16.35 hora boliviana. Marcelo Soza Álvarez operaba su celular sentado en la mesa de un café ubicado a pocas cuadras de la Explanada, allá donde se concentran los tres poderes del Estado Federal de Brasil. El exfiscal saludó tranquilo a dos periodistas bolivianos después de dos meses de asedio judicial.
Soza relató a ANF su estadía y expresó su agradecimiento a Brasil por haberlo acogido generosamente tras su forzada salida de Bolivia. Y calificó de acertada su decisión ante la persecución política de la que fue víctima por parte de la Fiscalía y el Órgano Judicial que lamentablemente —dijo— “están cooptados por el Ministerio de Gobierno, que digita todos los procesos de su interés político”.
En ese sentido, el exfiscal se ratificó en su contenido de la carta al pueblo de Bolivia el 11 de marzo entregada a la Policía Federal de Brasil cuando ingresó a ese país. “Yo la reconozco la carta, yo la firmé y yo la presenté ante la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y ésa es la carta que yo he firmado de puño y letra y no puedo retroceder en eso. Yo la hice ante la persecución política que se me viene haciendo desde hace tiempo, lamentablemente, con el único interés de beneficiarse políticamente en las disputas internas del MAS”.
En su carta, Soza afirma que durante la investigación por el caso terrorismo corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños y subrayó que el audio, donde asegura que el caso era un montaje gubernamental, fue grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para destruirlo en alianza con la oposición.
Dijo que salió de Bolivia porque su vida estaba y aún está en riesgo debido a que “no existe garantía judicial” y la prueba son los procesos judiciales armados desde la Fiscalía General que lo sindica de una serie de cosas.
