Tras siete meses de instaurarse el caso Apolo, por la muerte de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), familiares de los acusados denunciaron que fueron estafados por dos abogados. Entretanto, el juicio, tras una recusación, pasó a ser atendido por un juzgado de Charazani.
El 19 de octubre de 2013, efectivos de la FTC que erradicaban coca excedentaria en la comunidad de Miraflores, en el municipio de Apolo, fueron emboscados por los pobladores, según denunció el Gobierno. Producto de esta agresión fallecieron el subteniente Óscar Gironda Tórrez, el suboficial de la Armada Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares, mientras que fueron detenidos 20 campesinos.
“Se contrató a dos abogados defensores que nos estafaron porque no defendieron a los acusados, ahora los detenidos no tienen su defensa. Por eso pedimos ayuda de asesoramiento porque ninguno de nosotros sabe de los papeles o trámites que se tiene que hacer”, denunció Mercedes Salazar, familiar de uno de los detenidos.
Engaño. Agregó que los familiares de los 12 detenidos actualmente, ya que ocho fueron liberados, recolectaron dinero en Miraflores para pagar a los abogados Benjamín P. C. y Edwin. A. L., quienes incumplieron con la defensa. Acotó que éstos no quieren devolver los papeles del caso y que todavía piden más dinero. Este diario no pudo ubicar a ambos juristas.
Los 12 implicados están detenidos preventivamente en la cárcel de Patacamaya, tras ser acusados por el Ministerio Público de tener indicios de participación de los hechos violentos ocurridos en la comunidad apoleña.
El fiscal Fernando Villarroel, que atiende el caso, informó que uno de los detenidos recusó al juez de Apolo, Daniel Guarachi, y mientras se resuelva el proceso el control jurisdiccional pasó al juzgado de Charazani.
“Presentaron una recusación formal en contra del juez de Apolo, lo que obligó a que los antecedentes pasen a otro juez de control de garantías, lo que significa que en tanto no se resuelva la recusación en el Tribunal de Justicia Departamental de La Paz, el contralor de garantías será el juez de la localidad de Charazani, asiento jurisdiccional más cercano”, explicó Villarroel.
Sobre el proceso de investigación, el representante del Ministerio Público, sostuvo que falta “casi nada” para concluir con la toma de declaraciones a los oficiales y conscriptos, víctimas del hecho, puesto que hasta la fecha declararon 60 uniformados y faltan al menos cinco. Con esto se podría realizar la reconstrucción del caso, ya que existen todas las versiones de lo ocurrido en Miraflores en 2013.
“Tendríamos pendiente las pruebas de balística que podrían ser de manera conjunta con la inspección ocular, que se podría dar en las próximas semanas”, señaló el Fiscal.
Según Villarroel, después de lo investigado, cree que lo más cercano a lo que ocurrió en octubre de 2013 es una emboscada a los efectivos de la FTC, misma que fue planificada por varios sectores de las comunidades de Miraflores y Copacabana, por ello existen 20 imputados.
Piden ayuda para vivir
Trabajo
Mercedes Salazar, familiar de uno de los detenidos, indicó que en Miraflores las 12 familias que tienen a más de 60 niños, no tienen con qué vivir y piden iniciar una campaña para recolectar víveres.
