Si Chile alega la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, prácticamente se abrirá un nuevo proceso en dicho tribunal: esta vez se litigará sobre la competencia de la CIJ. En el caso entre Colombia y Nicaragua este trámite llevó casi tres años.
La propuesta de que Chile plantee la incompetencia de la CIJ en el tema marítimo fue sugerida esta semana por expresidentes del país vecino a la actual mandataria Michelle Bachelet. Al respecto, en una entrevista con el periódico chileno La Tercera, la Presidenta aclaró que con los exmandatarios también se quedó en que la decisión final la tomaba ella, “y que ellos van a estar detrás de aquello”.
Bachelet no dejó de mencionar la intención de su gobierno de tratar con Bolivia los 12 puntos, de la Agenda de 13; nosotros, dijo, “nunca hemos querido maritimizar la agenda con Bolivia ni la hemos maritimizado”.
Con respecto a la incompetencia de la CIJ que puede plantear Chile, expertos en el tema coinciden en que de darse el caso, que ese país interponga las denominadas “excepciones preliminares”, en los hechos se abrirá un nuevo proceso legal: suspendiendo el tema de fondo, se irá al litigio sobre si la Corte es o no competente.
“Una vez que la Corte recibe la excepción (de Chile para el caso), suspende el proceso de fondo, es decir, deja pendiente la parte principal, que en este caso es la demanda de Bolivia, y se fija un plazo, dentro del cual la otra parte (Bolivia) podrá responder a la excepción en forma escrita, con sus observaciones correspondientes”, explicó a este medio la analista en derecho internacional, Karen Longaric.
El procedimiento descrito por Longaric está consignado en el artículo 79, de Excepciones Preliminares, del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. A los alegatos escritos a favor y en contra de la competencia de la CIJ, se añade en el referido reglamento, puede continuar una fase oral.
Y es que una vez planteada la excepción, “se establecen plazos amplios en que la Corte da la posibilidad a ambas partes de plantear sus propias posiciones respecto a la excepción”, remarcó la investigadora Longaric.
Tiempo. Con respecto al tiempo que llevaría el nuevo ‘proceso’, el docente en Relaciones Internacionales, Carlos Carrasco, afirmó que el trámite puede “tomar más de dos años, solo para dilucidar si la CIJ es o no competente para estudiar el caso presentado por Bolivia”. Y es que la “cadena de réplica y dúplica (alegando a favor o en contra de la competencia) se desenvuelve en la misma dinámica que si se trataría la materia substancial (presentada por Bolivia el 15 de abril de 2014)”.
Las “excepciones preliminares”, aclara Longaric, son un “recurso procesal” normal, que no se las debe reducir a meras “obstaculizaciones” al proceso, sino verlas como un derecho a que puede acudir una parte. Recuerda que en el litigio sobre límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, el proceso sobre la competencia de la Corte duró casi tres años, “desde el momento en que Colombia presentó la excepción hasta el pronunciamiento de la Corte sobre dicho recurso”.
Para el excanciller Gustavo Aliaga, en el nuevo proceso que se abriría, el papel activo indudablemente será del país vecino: “si Chile decide impugnar la competencia de la CIJ, le tiene que demostrar a la Corte por qué es incompetente; no tiene que demostrar nada Bolivia (…) ahora, la experiencia ha mostrado que jamás la Corte se ha declarado incompetente”.
Sugerencia muestra inseguridad
causa
Excanciller Javier Murillo: La idea de plantear la incompetencia de la CIJ refleja “un nivel de inseguridad, de temor” por parte de los expresidentes, que no están seguros de la consistencia de sus argumentos ante la memoria boliviana.
