El defensor del Pueblo, Rolando Villena, ve incapacidad y falta de voluntad para enfrentar los problemas en las Fuerzas Armadas en la posición de los ministros de Defensa, Rubén Saavedra, y de Gobierno, Carlos Romero, quienes –explicó- observaron un apoyo a la ruptura de la cadena de mando en la intervención defensorial en el conflicto de uniformados de baja graduación.
Los suboficiales y sargentos de la institución armada protagonizaron marchas en demanda de la eliminación de la discriminación y descolonización en sus filas, y la modificación de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para crear el oficial técnico y eliminar los grados de uniformados de baja graduación. Un total de 415 movilizados fueron retirados de la institución y el Defensor intervino en el conflicto.
“Expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de algunas autoridades que, ante la incapacidad de solucionar el conflicto y la falta de voluntad para enfrentarlo en el marco del diálogo y el consenso, recurren una vez más a la receta de la descalificación de personas e instituciones en base a supuestos, simplificaciones y falsedades”, afirmó Villena en un comunicado de prensa.
Los tribunales militares restituyeron en sus puesto de trabajo a 632 uniformados y está en curso un proceso de diálogo en el marco del respeto a la cadena de mando y el conducto regular.
Romero denunció el 17 de mayo que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), se prestan a la ruptura de mando en las Fuerzas Armadas. “Se prestan a esta acción de la ruptura de mando, de la institucionalidad, de la disciplina que puede provocar una crisis institucional, en una institución tan importante como son las FFAA”, señaló en esa ocasión.
Villena sostuvo que esta estrategia “no aporta a la solución del conflicto y al contrario pretende incluir elementos que lo distorsionan y lo agravan”. Paralelamente reiteró que la decisión de mantener un delegado en calidad de observador en las mesas de negociación, a la cabeza de la Unidad de Gestión de Conflictos, para precautelar el cumplimiento de los derechos humanos de los afectados.
