El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, espera que el precedente de la decisión judicial en Estado Unidos, de abrir la puerta a un proceso civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, viabilice en la Justicia un análisis solo jurídico y legal de la solicitud para dar curso a la extradición de la exautoridad, acusado por los hechos de violencia de octubre de 2003.
El juez federal de Florida James Cohn dio el martes luz verde a la demanda presentada por nueve familiares de las víctimas de octubre en contra de Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín, por delitos de violaciones a derechos humanos. La decisión abrió el camino para una acción civil.
Guerrero informó que próximamente será enviada a la Justicia estadounidense, a través de la Cancillería del Estado, el nuevo pedido de extradición, toda vez que el primero fue rechazado en septiembre de 2012 por el Departamento de Estados del país del norte con argumentos como el que delitos tipificados en la solicitud no están en su estructura penal.
“Esta decisión del juez de Florida abre la esperanza de que el tratamiento de esa solicitud de extradición pueda ser en el marco estrictamente jurídico y legal, que es lo que esperamos, y que la nueva solicitud que ha sido trabajada conforme a las observaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos, esta vez se pueda dar curso”, expresó el Fiscal General.
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y el exministro Jorge Berindoague radican en el país del norte desde 2003, cuando una revuelta social acabó con la muerte de más de 60 personas y la dimisión del entonces presidente. Un juicio fue instaurado, pero los demandantes no pueden sentar en la mesa de los acusados a los que consideran principios responsables de lo sucedido.
Guerrero informó que incluirán en la comisión encargada de presentar la solicitud de extradición a familiares de las víctimas de los hechos de octubre. “Es un tema de Estado que está a la cabeza del Ministerio Público, sin embargo es también un tema de interés de los afectados, de la sociedad”.
Cohn desestimó los reclamos de los demandados, quienes señalaron que las víctimas podrían buscar justicia en Bolivia. “A menos que los acusados sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos”, sostuvo la autoridad judicial.
La Cancillería, una vez reciba la solicitud de extradición, deberá enviarla a su similar Departamento de Estado, quien a su vez deberá entregarlo a la justicia, que determinará la viabilidad o no de la demanda.
