El Tribunal Supremo Electoral (TSE) excluirá de las listas de los candidatos que terciarán en las elecciones de octubre a quienes tengan sentencia ejecutoriada por delitos de violencia contra las mujeres o contra algún familiar.
“Si hay un candidato que tiene cosa juzgada (sentencia) en actos de violencia contra la mujer o contra cualquier familiar, no puede ser registrado como candidato de la tienda política respectiva”, afirmó el vocal Ramiro Paredes a La Razón.
La medida se respalda en la Carta Magna y en el artículo 13 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia. La norma establece que para acceder a un cargo público es “un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.
Esta será la primera elección con una restricción de este tipo para candidatos. Aunque la autoridad aclaró que la simple denuncia no será causal de exclusión. “Ya es un hecho que tiene que ver más con lo ético, cualquier varón que tenga antecedentes o estas actitudes (violentas) pues por ética ni siquiera debería presentarse (en las elecciones)”, consideró.
El TSE exigirá a los candidatos una certificación de antecedentes, emitida por el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, en razón de Género (SIPPASE). Además, el cuerpo legal cualifica al menos 16 tipos de violencia contra las mujeres.
Entre 2012 y 2013 se conocieron al menos cuatro denuncias de violencia contra la mujer que involucraron a legisladores de la Asamblea Plurinacional. Entre ellos los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza y Fidel Surco; además del diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, entre otros.
En abril, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) presentó un informe correspondiente a 2013. El mismo da cuenta de 21.500 casos de violencia contra la mujer y ocho relacionados a feminicidios.
La Ley 348 contra la violencia femenina, promulgada el 9 de marzo de 2013, tiene como objetivo garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
