El Gobierno ha decidido, mediante un decreto, que “cualquier gestión relativa a la política exterior marítima” sea declarada “en reserva y confidencialidad”. Esa norma también dispone que los gastos de las autoridades en defensa de la reivindicación corran por cuenta de Diremar.
“Cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, exautoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva previsto en el presente artículo; así como, a la obligación de las servidoras y servidores públicos del Servicio de Relaciones Exteriores, establecidas en los numerales 18 y 19 del Artículo 44 de la Ley Nº 465, del Servicio de Relaciones Exteriores”, señala el inciso III del artículo 2 del Decreto 2000, promulgado el 26 de mayo.
Esta norma fue aprobada casi un mes después de que el procurador del Estado, Héctor Arce, demandó por la vía penal a un periodista de La Razón, a quien acusó de “espionaje” y de “revelar secretos de Estado”, y le exigió revelar el “secreto de fuente”. El Procurador explicó después que la intención gubernamental no era ir en contra de la libertad de información, sino encontrar a quien —un funcionario de Gobierno— dio información sobre la memoria de la demanda marítima ante la CIJ. La mencionada exigencia desató la crítica de las organizaciones de los periodistas y de los medios de comunicación, que defendieron el “secreto de fuente”.
Ayer, Carlos Mesa, el vocero de la demanda marítima boliviana, señaló que el carácter de secreto y confidencialidad se aplica a los funcionarios del Estado y no a los medios de comunicación. El excanciller Armando Loayza también dijo que “un agente diplomático” tiene que respetar la confidencialidad de sus misiones definidas como tales.
Intención oficial
Solicitud
El procurador del Estado, Héctor Arce, pretende que se levante el “secreto de fuente” con una demanda penal, sin tomar en cuenta el fuero de imprenta.
