La inaplicabilidad de la Ley del Notariado, dispuesta por el Tribunal Constitucional, creará un vacío jurídico desde agosto, cuando rija el Código Procesal Civil, ya que no habrá autoridad judicial que atienda los juicios voluntarios, como los de herencias y divorcios.
Esa advertencia fue hecha ayer por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, quien expresó su preocupación por esa situación que afectará a un número indeterminado de litigantes cuando entre en ejecución la nueva normativa civil.
La Ley del Notariado fue promulgada por el presidente Evo Morales el 4 de febrero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la demanda de inconstitucionalidad de esa norma planteada por el diputado opositor Juan Luis Gantier (CN). Mientras el TCP considere y emita un fallo, la aplicación de la ley queda suspendida.
El asambleísta calificó de inconstitucional a esa norma porque faculta al Ministerio de Justicia a nombrar a notarios de fe pública, lo que se constituye, explicó, en una injerencia de poderes.
Mamani indicó que la decisión del TCP, al margen de evitar que el Ministerio de Justicia designe a notarios, también frena la erogación de recursos económicos para el sistema notariado.
Pero la preocupación de la titular del Consejo de la Magistratura va más allá, debido a que el nuevo Código Procesal Civil resta algunas atribuciones actuales a los jueces de esta materia, las mismas que son transferidas a los notarios de fe pública, como por ejemplo las declaratorias de herederos y los divorcios, entre otros. Este tipo de juicios son denominados voluntarios, ya que los interesados evitan ir a un juicio.
En ese entendido, Mamani se preguntó qué pasará desde el 7 de agosto de este año, cuando entre en vigencia el Código Procesal Civil, porque las personas que quieran cumplir con los trámites de herencia o divorcio no tendrán a quién acudir, pues el juez de materia ya no estará facultado y, por la decisión del TCP, los notarios tampoco tendrán esa atribución.
“El Tribunal Constitucional ha actuado ultra petita, es decir más allá de lo solicitado por el diputado y eso es totalmente inconstitucional, esa es una aberración jurídica por parte de estos magistrados que han dado una sentencia adelantada”, criticó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.
