Ante la inestabilidad jurídica que generó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el procurador general del Estado, Héctor Arce, planteó postergar, hasta por un año, la aplicación del nuevo Código Procesal Civil prevista para este 6 de agosto.
La Comisión de Admisión del TCP suspendió a mediados de la pasada semana la aplicación de la Ley del Notariado, debido a que aceptó una demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos de la citada norma, aspecto que causó diversas críticas de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del mismo Órgano Judicial.
Pero el viernes dio a conocer que a través de un auto constitucional solo se suspenden tres medidas: la elección del Director del Notariado Plurinacional, la transferencia de archivos y documentos y la suspensión de la elaboración del reglamento a la Ley del Notariado. Agrega que el resto de la norma, promulgada en febrero, continúa con su aplicación.
“Ante estas señales que nos dan los administradores de justicia, vemos que es muy peligroso y delicado tratar de hacer grandes transformaciones a la Justicia. Esta inestabilidad y acciones contrarias a la Constitución y las leyes, como la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, hacen considerar esta situación”, afirmó Arce, según se lee en un documento de la Procuraduría General del Estado.
Con el nuevo Código Procesal Civil se busca incluir la oralidad en los procesos, con el fin de que los juicios en materia civil sean más ágiles, rápidos e inmediatos, lo que permita que el tiempo de un litigio se reduzca de entre cinco a diez años a seis meses.
Arce sugirió la necesidad de que esta situación sea analizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Agregó que considera la posibilidad de postergar por un año la aplicación de esta norma.
“Mientras no tengamos esa certeza de que ya no se den semejantes violaciones a la Constitución de parte del Órgano que especialmente tiene que precautelar la supremacía de la Constitución, no hay condiciones en Bolivia para realizar las grandes transformaciones a la justicia que clama la sociedad”, aseguró.
El nuevo Código Procesal Civil es parte de un paquete de normas destinadas a modernizar el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ya se tiene en vigencia el Código Procesal Constitucional, mientras que faltan los códigos Procesal de las Familias y el Código Niña, Niño y Adolescente y el del Sistema Penal Boliviano, que se está trabajando, entre otros.
Los notarios trabajan sin un reglamento
Dennis Luizaga
Tras la emisión del último auto de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que restituye la aplicabilidad de la Ley del Notariado, los notarios de fe pública informaron que trabajan sin el reglamento de esta norma, pero que todos sus actos tienen plena validez.
“(El TCP) ha dado por bien hecho todas las actuaciones de los notarios que estamos aplicando la Ley 483 (del Notariado). Implícitamente dice que la norma es vigente en los aspectos que son aplicables”, declaró Roxana Ríos Martínez, presidenta de la Asociación del Notariado Boliviano.
La vigencia de la Ley 483 fue suspendida a inicios de la pasada semana por el TCP, debido a la demanda de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, aunque el viernes retrocedió y ordenó la aplicabilidad de la misma, excepto los artículos observados, entre ellos la designación del presidente de este sector, la transferencia de información y la redacción del reglamento de la norma.
Ríos explicó que las decisiones que toman los notarios de fe pública están enmarcadas en los códigos Civil y de Comercio, además de otras disposiciones relacionadas con la Carta Magna.
“Queremos por estos medios hacer conocer al Tribunal Constitucional que tiene que analizar muy bien la función notarial porque el notario cumple una función sumamente delicada a nombre del Estado. La función es la de dar seguridad a todo el tráfico jurídico de las personas”, agregó la representante de los notarios.
