Tras desarticularse la “comisión de justicia y verdad”, dos diputados difundieron su informe final en el que denuncian que hallaron injerencia política en al menos 40 casos judiciales de relevancia. El Gobierno negó las acusaciones y las calificó de mentiras y acusaciones temerarias.
Esta comisión fue creada en marzo con el objetivo de fiscalizar las pesquisas judiciales en los casos Terrorismo, red de extorsión, Chaparina, Fabricio Ormachea y extorsión del exfiscal Marcelo Soza, quien fugó y pidió refugio a Brasil. Esta instancia no fue reconocida legalmente por la Asamblea; sin embargo, los diputados, entre opositores y disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), hicieron el trabajo.
Después de más de dos meses de indagación, esta comisión se separó y los diputados Rebeca Delgado (disidente del MAS) y Fabián Yaksic (MSM) decidieron apartarse del proceso. Pero ambos emitieron ayer un informe; según ellos, todo con base en entrevistas y documentos obtenidos por los acusados del caso Extorsión, quienes están detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz desde 2012.
Trabajo. “Se verificó la existencia de injerencia del Gobierno en al menos 40 casos atendidos directamente por servidores públicos del Ministerio Público”, afirmó Yaksic. Acotó que para dar a conocer este hecho, se evidenció la existencia de gabinetes jurídicos, entre 2008 y 2013, que manejaban la administración de justicia, a cargo de ministros, viceministros y fiscales que manipularon los procesos, para favorecer políticamente al MAS.
Agregó que también se evidenció que el Ministerio de Gobierno montó un servicio de contrainteligencia en el que participaban la desaparecida Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), el F10 del Ejército y el Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE), todos éstos dependientes de la Vicepresidencia.
La diputada Delgado dio a conocer una de las conclusiones de las pesquisas, la que determina emprender una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la obstaculización a la labor de fiscalización y por la vulneración de las garantías constitucionales. Además para pedir resguardo para los acusados. Ella dejó la comisión precisamente por falta de garantías.
Entretanto, el presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, señaló que esta citada comisión “trucha” solo busca presionar a jueces para que el caso Terrorismo y otros queden en la impunidad. Por ello los tildó de “comisión de la mentira”. “No puede ser reconocida porque ni siquiera solicitaron permiso para hacer una conformación de la comisión y ahora cualquier cosa que hagan o hicieron es una usurpación de funciones (…) que tenía financiamientos del extranjero con móviles políticos expresos”.
El ministro de Minería, César Navarro, quien fue miembro de la Comisión Multipartidaria que investigó el caso Terrorismo, sostuvo que esta comisión representa a un “club de amigos” que buscó sensacionalismo.
Otra de las conclusiones que dio a conocer Delgado adelanta que solicitarán la presencia de una delegación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y de la CIDH, con el objetivo de que verifiquen la vulneración de los derechos humanos y ausencia de garantías jurisdiccionales de los detenidos en Palmasola y San Pedro, también para las víctimas de Chaparina.
Enviarán informes
Denuncia
La diputada Rebeca Delgado (disidente del MAS) dijo que enviarán en sobre lacrado los informes a seis instituciones; Fiscalía General, Defensor del Pueblo, Asamblea de DDHH, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal de Justicia y al Alto Comisionado de la ONU.
Sugieren investigar a asambleístas
El Ministerio de Gobierno descalificó el informe de la denominada “comisión de justicia y verdad”, ya que reflejaría mentiras. Por esto solicitarán una investigación a los integrantes de la instancia citada, por el financiamiento ofrecido de Branco Marinkovic, acusado en el caso Terrorismo.
Los diputados Fabián Yaksic (MSM) y Rebeca Delgado (disidente del MAS) presentaron ayer un informe de su investigación en los casos Terrorismo, Extorsión, Chaparina, Ormachea y exfiscal Soza.
“El supuesto informe de la ilegal comisión de diputados que se desbarató después de haberse evidenciado sus nexos con prófugos de la justicia y el principal financiador (Marinkovic), carece de legalidad y constituye una transcripción de las mentiras y acusaciones temerarias de los extorsionadores detenidos en la cárcel de Palmasola”, indica un comunicado de gobierno.
Asimismo dice que esta cartera gubernamental solicitará a las autoridades de la Asamblea Legislativa y al Ministerio Público, investigar las admisiones realizadas por el exintegrante de esa comisión, diputado Franz Choque (CN), quien reveló el miércoles en rueda de prensa que su colega Norma Piérola ofreció financiamiento de Marinkovic para que la instancia realice viajes al exterior.
También lamenta que los parlamentarios autores de ese “libelo” hayan reducido la labor de fiscalización reconocida en la Constitución Política del Estado, como función esencial del Órgano Legislativo, a la tarea de recopilación de falsedades divulgadas por los integrantes de la red de extorsión.
“Los opositores dejaron de ser parlamentarios fiscalizadores para convertirse en voceros de los extorsionadores, (ahora) usan ese supuesto informe producto de su reunión con los extorsionadores en la cárcel de Palmasola para atacar a autoridades de gobierno con un objetivo político: restar legitimidad a los juicios, en desarrollo, en contra de extorsionadores y separatistas”.
