La decisión del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que determinó paralizar la convocatoria para vocales del país, será acatada por el Consejo de la Magistratura, institución que esperará la notificación oficial para después emitir un criterio legal.
El 5 de abril, el Consejo de la Magistratura emitió una convocatoria de alcance nacional para llenar las vocalías de nueva creación y conformar un banco de datos para luego renovar los cargos de vocales en las actuales funciones. La convocatoria se cerró el 16 de abril con 700 postulantes.
La consejera Willma Mamani explicó a La Razón que toda resolución de amparo constitucional debe ser acatada de forma inmediata. No obstante, afirmó que hasta la tarde de ayer el Consejo de la Magistratura no fue notificado con la citada resolución, por lo que todavía desconocía su contenido.
“Tenemos conocimiento, a través de nuestros asesores, que se ha anulado la convocatoria. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos la resolución escrita y en función a ella vamos a analizar”, adelantó Mamani. Además, precisó que todas las resoluciones emitidas por un Tribunal de Amparo son de cumplimiento obligatorio.
Análisis. También señaló que, una vez que se tenga conocimiento de su contenido, se tomará una determinación institucional, en la que no se descarta volver a emitir otra convocatoria, con base en el fallo dictado en Cochabamba.
Al respecto, el consejero Freddy Sanabria adelantó que existen varias observaciones a la decisión asumida en Cochabamba y anunció que en el transcurso de hoy se emitirá una posición oficial de la Magistratura, una vez que se analice jurídicamente el documento.
El principal argumento del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que anuló la convocatoria a vocales, fue el hecho de que no se puede convocar a la renovación de autoridades jurisdiccionales mientras no estén plenamente vigentes los códigos denominados “Morales”, en referencia al Jefe del Estado.
Para este 7 de agosto está prevista la aplicación plena del nuevo Código de Procedimiento Civil; sin embargo, surgieron propuestas de postergar por un año su vigencia, debido a la admisión de la Ley del Notariado Plurinacional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.
