El defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó al comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, incorporar en el debate de su Ley Orgánica aspectos como el llevar a la justicia ordinaria los “delitos graves” de violación a los derechos humanos, y la prohibición de torturas y tratos degradantes en la institución armada.
La ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) está en proceso de construcción, y el Defensor planteó en misiva enviada a Baldivieso hacer parte de ese debate las temáticas orientadas a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de tal forma de compatibilizar la doctrina de la institución con los derechos humanos.
Las propuestas abarcan seis aspectos como el enviar a la justicia ordinaria a militares que incurran en delitos graves de violación a los derechos humanos. “Este aspecto es sustancial para el ámbito de los derechos humanos ya que establece que en materia de los derechos humanos fundamentales, no puede haber tratamientos ni tribunales especiales”, explicó Villena, según un boletín de prensa de la institución.
Un segundo punto plantea incluir el derecho a la dignidad e integridad de las personas y prohibir cualquier forma de tortura y trato degradante e inhumano; un tercero, prohibir toda forma de discriminación y racismo con sanciones drásticas para los autores; un cuarto, cuidado sobre quienes están temporal o permanentemente en los cuarteles; y un quinto, prohibir que conscriptos y personal subalterno sean utilizados para trabajos privados.
La sexta sugerencia plantea incorporar en el debate de la LOFA y de forma transversal el principio de despatriarcalizacion, el respeto a la dignidad, igualdad y la equidad de género.
Suboficiales y sargentos del Ejército, Fuerzas Aérea Boliviana (FAB) y de la Armada Boliviana protagonizaron desde el 3 de abril y al menos por tres semanas movilizaciones en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas militares y la reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para crear el oficial técnico en reemplazo de los grados de baja graduación.
El Gobierno rechazó la protesta, caracterizada por marchas con uniformes desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, y exigió respeto a la cadena de mando y los conductos regulares. Un total de 715 movilizados fueron retirados de forma obligatoria, pero poco después se informó que el 98% retornó a sus cuarteles.
La Defensoría pidió el jueves 14 de noviembre de 2013 al vicepresidente Álvaro García gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas (FFAA) para dar curso a intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la investigación de las más de 20 muertes de efectivos en recintos militares
