El defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó a las Fuerzas Armadas incluir en el debate sobre su Ley Orgánica el llevar a la Justicia Ordinaria a efectivos que cometan “delitos graves” de violación a los derechos humanos y prohibir torturas y tratos degradantes.
La nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) está en proceso de construcción y el Defensor planteó en una carta enviada al comandante en Jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, incorporar en ese debate las temáticas orientadas a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, con la idea de compatibilizar la doctrina de la institución con los derechos humanos.
Las propuestas abarcan seis aspectos, como el enviar a la Justicia Ordinaria a militares que incurran en delitos graves de violación a los derechos de las personas. “(Este aspecto) establece que en materia de los derechos humanos fundamentales no puede haber tratamientos ni tribunales especiales”, explicó Villena, según se lee en un boletín de prensa difundido por esa institución.
Tortura. El segundo punto plantea incluir el derecho a la dignidad e integridad de las personas y prohibir cualquier forma de tortura y trato degradante e inhumano en los cuarteles. El tercero sugiere prohibir toda forma de discriminación y racismo con sanciones drásticas para los autores. El cuarto aspecto exige el cuidado sobre quienes están temporal o permanentemente en los cuarteles y el quinto, prohibir que conscriptos y personal subalterno sean empleados en trabajos privados.
La sexta sugerencia plantea incorporar en el debate de la LOFA, y de forma transversal, el principio de despatriarcalización, el respeto a la dignidad, igualdad y la equidad de género.
Suboficiales y sargentos del Ejército, Fuerzas Aérea Boliviana y de la Armada Boliviana protagonizaron desde el 3 de abril y al menos por tres semanas movilizaciones en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas militares y la reforma de la LOFA para crear el oficial técnico en reemplazo de los grados de baja graduación.
El Gobierno rechazó la protesta, caracterizada por marchas con uniformes desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, y exigió respeto a la cadena de mando. Un total de 715 efectivos fueron retirados de forma obligatoria, aunque el 98% retornó a sus cuarteles.
