El abogado de la familia Landívar, David Padilla, aseveró hoy al concluir la tarde que la denuncia del Gobierno contra el principal accionista del quebrado banco Bidesa, Roberto Landívar Roca y sus familiares, por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias, no prosperará por existir una sentencia de absolución de 2013 en una anterior investigación por las mismas causas, y denunció que el Ministerio de Transparencia busca crear una cortina de humo para tapar criticas sobre una mala fiscalización a la Cooperativa San Luis.
Padilla respondió así a las declaraciones de hoy en la mañana de la ministra anticorrupción, Nardy Suxo, quien anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra Landívar Roca y sus allegados Fátima Alejandra Rivas, Roberto Carlos Landívar Rivas y Jorge Landívar Gil por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias.
«Este tema no va a prosperar, porque ya existe una sentencia ejecutoriada (…) No existe razón para denigrar y afectar la dignidad de personas, incluso el señor Jorge Landívar Gil falleció hace dos meses. Además ya se hizo una investigación (sobre el mismo delito) y se concluyó con la misma, no encontramos explicación (para esta denuncia)», dijo el abogado a La Razón Digital.
Según Padilla, en 2007 se presentó una denuncia contra Roca Landívar y sus familiares también por enriquecimiento ilícito, proceso que concluyó el 14 de febrero de 2013 con una sentencia de absolución emitida en la ciudad de Santa Cruz, por lo que -en su criterio- no existe la posibilidad de abrir otro proceso contra estas persona por la misma causa.
Suxo, en conferencia de prensa, explicó que la denuncia está relacionada con el exbanco Bidesa y los créditos vinculados, donde Landívar se prestó cinco millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB), cuando estaba a cargo de la entidad bancaria, además el 70% de las acciones las administraba su familia. «Lo que llama la atención es que después de la quiebra del Bidesa, tanto la esposa como los hijos, empezaron a adquirir bienes», indicó.
Landívar Roca, como expresidente del directorio del Bidesa estuvo recluido desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2006; después de cinco años y dos meses se benefició con libertad condicional tras pagar una fianza de Bs 10 millones. Por orden judicial quedó arraigado. En 2012 se dispuso nuevamente su ingreso a un penal.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, los accionistas del Bidesa, con la colaboración de terceros, abusaron del poder real que tenían en la administración del banco para cometer una serie de delitos y obtuvieron beneficios económicos presuntamente ilegales y ocasionaron millonarios perjuicios y pérdidas económicas que fueron asumidas por el BCB.
Padilla consideró que el Ministerio de Transparencia busca afectar de alguna forma a la familia Landívar y que se trataría de una cortina de humo de esa entidad para tapar las criticas contra ésta por no haber investigado la quiebra de la Cooperativa San Luis en Santa Cruz. «Quiere desviar este tema a esta situación que data de hace 17 años, no tiene sentido, incluso si ya hubo una investigación sobre ganancias ilícitas que está ejecutoriada», indicó.
El abogado sostuvo que en los próximos días se apersonará ante el Ministerio Público para presentar una excepción de cosa juzgada y de incompetencia porque -según dijo- no puede abrirse una causa cuándo existe un fallo anterior sobre el mismo hecho.
El 12 de diciembre de 1997, el Bidesa fue intervenido por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, entidad que dispuso su liquidación forzosa.
