El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que en dos semanas presentará en Washington el segundo pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos de sus exministros que radican en Estados Unidos.
Guerrero dijo que ayer debía presentar ante la Embajada de Estados Unidos, en La Paz, el documento de extradición traducido al inglés que contiene más de 2.000 fojas para que sea visado, pero por el desarrollo del juicio del caso Misiles en Sucre postergó su viaje. Sin embargo, anunció que ese procedimiento lo cumplirá máximo hasta mañana.
Como establecen los canales diplomáticos, el segundo pedido deberá ser planteado a través de la Cancillería de Bolivia a su similar de Estados Unidos. Es por ello que anunció que, en unas dos semanas, se trasladará hasta la capital norteamericana para dejar el documento de manera personal.
Adelantó que pedirá la conformación de una comisión integrada por representantes de la Cancillería, del Ministerio de Justicia y de los familiares de las víctimas de octubre de 2003, para que lo acompañen en la presentación del documento mediante el que se solicita la extradición de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por la muerte de más de 60 personas durante la denominada “guerra del gas”.
También explicó que el documento, traducido al inglés y que será presentado ante la Justicia norteamericana, contiene todas las pruebas, la relación de los hechos y la nueva estrategia con la que se pretende que Sánchez de Lozada sea traído al país, para que responda a las acusaciones del Ministerio Público.
La Fiscalía General, con un presupuesto adicional que recibió del Ministerio de Economía y Finanzas, contrató al experto Jonathan Cavanagh, quien se hizo cargo de la traducción; mientras el juicio estará bajo la responsabilidad del bufete de abogados norteamericano Rabinowitz.
El Estado boliviano presentará por segunda vez el pedido de extradición del exmandatario, luego de que Washington rechazara la primera solicitud (en 2012) bajo el argumento de que algunos de los delitos por los que es imputado el expresidente no se ajustan a su economía jurídica.
