La Fiscalía General y el Ministerio de Exteriores de Bolivia presentaron hoy ante la embajada de Estados Unidos en La Paz los documentos sobre la demanda de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que sean visados antes de presentarlos oficialmente en ese país en dos semanas.
El Fiscal General, Ramiro Guerrero, informó en un comunicado de que se trata de un exhorto suplicatorio traducido del inglés al español que debe ser revisado en la legación en un período de tres días y devuelto debidamente certificada para que después sea entregado al Departamento de Estado en Estados Unidos.
Las autoridades bolivianas plantearán la petición de extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y sus exministros del segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Estas exautoridades están acusadas en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.
Los acusados deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas en septiembre y octubre de 2003, durante la represión contra los manifestantes que se oponían a un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos por un puerto del norte de Chile.
Esta será la segunda demanda de extradición contra las exautoridades, después de que la primera fuera rechazada por Estados Unidos en 2012.
Guerrero dijo que en su viaje a Estados Unidos irá junto a una comisión de representantes de los ministerios de Exteriores y de Justicia y de los familiares de las víctimas de esa represión, caso conocido como el «octubre negro».
Tras las muertes, Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y desde entonces se encuentra en Estados Unidos.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en agosto de 2011 a dos exministros de Sánchez de Lozada y cinco exjefes militares de esa época con sentencias que van de tres a quince años de prisión.
Este juicio quedó en suspenso para el exmandatario, Sánchez Berzaín, Berindoagüe y otros exministros hasta que se concreten los pedidos de extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios «convincentes» para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
