– ¿Qué acciones se toman frente a casos de corrupción y retardación de justicia?
– Lo que hace a este Tribunal, de manera coordinada con la Delegación Distrital del Consejo de la Magistratura, es desarrollar controles en la actividad de los funcionarios judiciales. Existen instancias técnicas relacionadas con la transparencia y el régimen disciplinario, es decir, que una vez determinada la responsabilidad de algún servidor judicial, en asuntos de corrupción, éstos son sometidos a procesos internos o, si amerita, a una serie de acciones legales en el Ministerio Público.
– ¿A qué se atribuye la dilación en la administración de justicia?
– Es necesario que la opinión pública y, sobre todo, los críticos que focalizan el problema en una sola instancia, conozcan que la carga procesal creció de manera sobredimensionada en los últimos años. En 2013, los 180 juzgados, cerca de 200 jueces y los 20 vocales hemos hecho frente a cerca de 220.000 procesos, es decir, casi 1.100 causas por juez promedio. No obstante de ello, existen casos muy preocupantes en el área penal donde un juez tiene más de 2.000 causas que atender.
La realidad es compleja y le hacemos frente día a día. Y para comenzar a buscar soluciones estructurales, necesitamos al menos unos 100 jueces más para atender a un departamento con 2,7 millones de habitantes.
– ¿Con esto, cree que existen las condiciones para trabajar?
– Las condiciones laborales en los juzgados son inadecuadas. Si bien se crearon algunos juzgados, éstos no cuentan con la infraestructura ni los materiales mínimamente necesarios; hay juzgados sin estantes, hay montañas de expedientes apilados en los suelos por la falta de estantes; ni siquiera tienen el personal de apoyo jurisdiccional para el desarrollo de sus funciones.
En los últimos meses, el Consejo de la Magistratura creó juzgados sin asignar los ítems para el personal de apoyo administrativo y jurisdiccional. En algún momento, se llegó a extremos de que los jueces designados no tenían dónde cumplir sus funciones.
– ¿Ante las críticas constantes del Gobierno a la Justicia, qué posición asume?
– Más allá de esas observaciones o acusaciones genéricas, es necesario reconocer que existen problemas de carácter estructural, esto lo reconocemos de manera autocrítica. Nos encontramos en un periodo de transición, y como todo proceso de esta naturaleza tiene sus propias contradicciones, hay que salvarlas adoptando medidas para mejorar la justicia.
– El Gobierno pidió la renuncia de todos los vocales del país, ¿esto se puede dar?
– Para ser específicos, por efecto del Art. 6.I de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, todas y todos los vocales que ejercemos funciones en la actualidad somos servidores judiciales en situación de transición, hasta que el antiguo régimen jurídico quede sin efecto, una vez aprobados y aplicados todos los nuevos códigos procesales.
– ¿Es considerada como presión las críticas del Gobierno?
– El trabajo del Tribunal Departamental de Justicia se desarrolla en el marco de la independencia y coordinación establecidas en la Constitución, de modo tal que las opiniones vertidas por integrantes de cualquier órgano del Estado son recepcionadas de manera reflexiva en la medida que no afecte los principios de independencia.
– ¿Hay acefalías de jueces y vocales, cómo se las cubre?
– El tribunal actualmente no tiene acefalías, es decir, todas las salas se encuentran completas. Lo que sí existe es, de acuerdo con la Ley 025, la creación de cuatro nuevas vocalías que deben ser provistas en la medida en que el periodo de transición concluya.
Al momento funcionan 20 vocalías y hacen falta designar cuatro más por parte del Consejo de la Magistratura. Ya se citó anteriormente que los tribunales departamentales de justicia no seleccionan ni designan jueces ni vocales.
– ¿Continúa la mora judicial en el Tribunal y qué se hace?
– Los jueces trabajan de manera ardua en la resolución de los casos, pero hay un fenómeno multifactorial que impide los avances. Por ejemplo, de acuerdo con los últimos datos, en los tribunales de sentencia de El Alto, del 100% de audiencias determinadas por el juez, el 35% son suspendidas, de esa cifra el índice más alto es por la ausencia del fiscal 29%; el 19% por la inasistencia de los jueces ciudadanos; el 12% por la inasistencia de las partes; el 3% debido a la falta de transporte o escolta de régimen penitenciario para trasladar detenidos a audiencias; el 3% por motivos de presión o manifestaciones sociales y el 1% debido a la ausencia del juez.
– ¿Existe recarga procesal?
– En este último semestre se duplicó los esfuerzos que imprimen a su trabajo cada uno de los jueces, sobre todo, los del área penal que en promedio dictan hasta 15 resoluciones cada día para cuyo resultado debe trabajar más de diez horas e incluso los fines de semana. No obstante, las causas nuevas siguen en incremento. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014 las demandas nuevas recibidas por este Tribunal llegaron a las 18.521, en ese mismo período de 2013 este indicador era de 18.488 lo que significa que la tendencia de la carga procesal se mantiene en aumento.
– ¿Existen fallas en la implementación de los nuevos códigos?
– En el caso del nuevo Código Procesal Civil, necesitamos afianzar nuestros esfuerzos en tres rubros importantes. Capacitación, infraestructura y recursos humanos. Por ejemplo, hasta el momento no se inició un proceso integral y sistemático de preparación para los jueces, no obstante que estamos a un mes de la vigencia.
– ¿Este Tribunal está preparado para implementar el nuevo Código Procesal Civil?
– (Las) Experiencias nos hicieron advertir el grado de extrema complejidad que representa la implementación de ese nuevo sistema de transformación de la justicia civil que, entre otros aspectos, contempla desafíos de carácter estratégico de modo que se asuma el tema con una visión de integralidad.
