El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, aplazó por unos días el viaje que debía realizar hoy a Estados Unidos para presentar una segunda petición de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), informó una fuente oficial.
Guerrero no viajó debido a la reprogramación de las conexiones aéreas de los miembros de la comisión que irán a EE.UU, pero lo hará esta semana, indicó a Efe una fuente de la Fiscalía General.
El fiscal encabezará una delegación que incluirá a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, un representante de la Cancillería y a dos víctimas del «octubre negro», como se conoce a la represión en 2003 de una ola de protestas contrarias a la exportación de gas a EE.UU, que se saldó con 60 muertos y centenares de heridos.
El ministro de Exteriores, David Choquehuanca, no podrá acompañar la misión debido a su agenda de actividades, según Guerrero.
La misión tiene previsto presentar el exhorto suplicatorio de la nueva solicitud de extradición, un documento que tiene más 2.200 páginas, al Departamento de Estado y ha solicitado una audiencia al Departamento de Justicia para que escuche sus argumentos.
Las autoridades bolivianas solicitarán la extradición de Sánchez de Lozada y sus exministros del segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Estas exautoridades están acusadas en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.
Tras las muertes, Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y huyó a EE.UU., donde permanece desde entonces.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2011 a dos exministros y cinco exjefes militares que ejercieron en 2003 a penas que van de tres a quince años de prisión.
Este juicio quedó en suspenso para el exmandatario, Sánchez Berzaín y Berindoagüe hasta su extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Esta será la segunda petición de extradición al respecto después de que la primera fuera rechazada por Estados Unidos en 2012.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios «convincentes» para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
La defensa de Sánchez de Lozada apeló en junio la decisión de Cohn para que no se permita seguir con la acción civil.
Según el abogado boliviano de las familias de las víctimas, Rogelio Mayta, el juez estadounidenses puede tomar una decisión final sobre ese punto hasta agosto.
