Una comisión de alto nivel viajó ayer a Washington, Estados Unidos, para presentar el segundo pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos exministros por los violentos hechos de octubre de 2003, durante la “guerra por el gas”, que causó más de 60 muertes.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció que “a primeras horas de hoy” se presentará el documento ante autoridades estadounidenses. Agregó que esta comisión está integrada por su persona, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los familiares de las víctimas de octubre de 2003.
“Esperamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos analice las 2.000 fojas que contiene esta documentación que fue traducida del español al inglés”, precisó la autoridad gubernamental.
Respuesta. Gutiérrez señaló que tienen fe en que las autoridades estadounidenses concedan la extradición solicitada de Sánchez de Lozada y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Las tres exautoridades son acusadas en Bolivia de cometer los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio.
El primer pedido de extradición fue rechazado por el Departamento de Estado estadounidense en septiembre de 2012, debido a que los delitos por los cuales se les acusaba a esas exautoridades eran compatibles con su normativa vigente.
“Necesitamos tenerlos (a las tres exautoridades) en el país a estos prófugos de la justicia boliviana para que sean juzgados bajo nuestras normas por los hechos sucedidos en octubre de 2003, en los que murieron muchísimas personas”, manifestó Gutiérrez. El fiscal Guerrero, en una entrevista con este diario, señaló el fin de semana que se espera una respuesta ágil de EEUU respecto al pedido boliviano.
“Lo que se aguarda es una respuesta rápida, que no se espere otros cuatro años para hacernos observaciones. Lo segundo y fundamental es que esta segunda solicitud de extradición, que tiene compatibilizados los tipos penales norteamericanos, tenga un tratamiento estrictamente jurídico-legal y que no esté supeditado a intereses políticos”, sostuvo Guerrero.
La Ministra de Justicia, además, expresó su confianza en que la decisión del juez estadounidense Jame Cohn, de dar luz verde a un proceso en materia civil en contra de las tres exautoridades bolivianas, ayude a la extradición solicitada por Bolivia.
“La decisión del juez estadounidense, que dio luz verde a la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas de la masacre de octubre que los acusaron de una serie de matanzas extrajudiciales para contrarrestar protestas callejeras, allanará el camino de extradición de estas personas que saquearon los recursos del Estado”, declaró Gutiérrez a la estatal ABI.
Guerrero aclaró que en materia judicial no hay un plazo definido para que las autoridades estadounidenses den una respuesta al pedido de extradición. Por ello expresó su esperanza de obtener un dictamen rápido.
El caso Octubre
Violencia
En octubre de 2003 tuvo lugar la denominada “guerra por el gas”, en la que murieron más de 60 personas en las ciudades de La Paz y El Alto, mientras que otras 400 resultaron con heridas de diversa gravedad.
