Tal como lo anunció la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Santiago presentó ayer una ‘excepción preliminar’ para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y, así, se abstenga de tratar la demanda marítima boliviana. La Paz tiene cuatro meses para responder.
“La demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global y cuestiona el valor de lo pactado (…). Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue: obligarnos a cederle una parte de nuestro territorio soberano”, dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz luego que el documento fue entregado por el agente chileno ante La Haya, Felipe Bulnes, y el coagente, Claudio Grossman.
Se trata de 75 ejemplares del recurso de impugnación que busca que ese tribunal se declare incompetente de atender la solicitud boliviana, de obligar a la nación vecina a negociar una salida soberana al Pacífico, en virtud a compromisos que hicieron distintos gobiernos de ese país en el pasado.
Juicio. Muñoz insistió en que “Bolivia pretende lograr, mediante una demanda artificial e inédita, la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado entre nuestros países en esa fecha. El gobierno de La Paz busca modificar lo que está regulado por ese tratado, es decir, los límites entre nuestros dos países”.
Al respecto, el expresidente y encargado de difundir la demanda, Carlos Mesa (2003-2005), explicó que ahora el equipo jurídico —que lleva adelante el juicio instaurado el 24 de abril de 2013— deberá “analizar” y profundizar el contenido de la “contraargumentación” que deberá presentar Bolivia hasta el 14 de noviembre.
Además, manifestó que se deberá hacer un trabajo de “carácter político” para hacer conocer a la comunidad internacional los “verdaderos” objetivos del juicio y enclaustramiento que sufre el país desde la invasión chilena, durante la Guerra del Pacífico (1879), cuando se perdió 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa marítima.
Mesa fue enfático al indicar que Chile ha ingresado en la estrategia de usar argumentos incorrectos sobre el proceso “que alteran o tergiversan la demanda, que en ningún caso hace referencia al Tratado de 1904. Es una estrategia de intentar confundir a la opinión pública internacional, a las naciones amigas, sobre los objetivos verdaderos y la naturaleza real del enclaustramiento forzado de Bolivia”.
Al día siguiente que Bachelet anunció la impugnación de la CIJ, el presidente Evo Morales afirmó que Bolivia “rechaza” ese recurso y anunció que los argumentos para “hacer prevalecer” esa jurisdicción están preparados, ya que ésta era una de las posibles contingencias previstas en el proceso.
“Ya analizamos los argumentos de nuestro país para hacer prevalecer la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el presente caso”, señaló el Presidente en esa oportunidad.
El 15 de abril de este año, el país presentó la memoria que sustenta la demanda boliviana y, según los plazos de la CIJ, Chile debía presentar su contramemoria en febrero de 2015.
No obstante, presentado este recurso de excepción, el proceso de fondo queda paralizado hasta que el tribunal internacional se pronuncie respecto a la impugnación.
De proceder el pedido de Chile, el caso queda sin efecto y el juicio que instauró Bolivia se cancela de manera permanente. Sin embargo, de rechazar el recurso de incompetencia, el caso continúa y se fijan nuevos plazos.
Al respecto, Mesa dijo que es poco probable que la CIJ acepte el pedido chileno. “Entiendo que de una manera mayoritaria, la Corte rechazó las excepciones preliminares de incompetencia que los países han planteado”, acotó.
Chile tiene otra coagente
Medida
La presidenta Michelle Bachelet reforzó su equipo ante la Corte de La Haya con la designación de la embajadora en los Países Bajos, María Teresa Infante, como segunda coagente para el caso. Ella ahora coordinará con Felipe Bulnes y Claudio Grossman.
