Tras una inspección, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia concluyó que las Fuerzas Armadas no tienen celdas para detener a tres militares enjuiciados y que éstos viven en situación inhumana. Anunció el envío de un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), informó que en los últimos días visitó a los suboficiales que enfrentan un proceso militar y están detenidos preventivamente en celdas de cuarteles por liderar marchas de protesta en mayo para exigir la “descolonización” de las Fuerzas Armadas. Los arrestados son Franklin Colque, Freddy Sucojayo y Jhonny Gil.
El general Fernando Aramayo, comandante accidental de las Fuerzas Armadas, afirmó a este diario que la institución castrense ofrece las condiciones de habitabilidad a los detenidos.
“Estamos recolectando información para solicitar medidas cautelares y para mandar un informe a la CIDH… (acudimos) al ámbito internacional porque penosamente tenemos que reconocer que en el ámbito nacional no hay justicia”, sostuvo la Presidenta de la APDHB cuando se refirió al proceso militar que está en curso.
“En el ámbito de las Fuerzas Armadas tienen una Corte Penal Militar, un Código de Procedimiento Penal, pero no tienen centros penitenciarios militares. Las condiciones en las que están en El Alto (Colque y Sucojayo), en la Fuerza Aérea Boliviana, son condiciones inhumanas”, declaró Herrera a este diario cuando dio a conocer un informe preliminar de este caso. La conclusión la difundirá este lunes.
Herrera dijo que Colque está casi todo el día con luz artificial, en una habitación que no tiene ventanas, y que tiene cerca de media hora, por jornada, para salir y tomar la luz solar. “Él está detenido preventivamente, no tiene sentencia, pero es como si estuviera en régimen cerrado”, agregó la activista de derechos humanos.
Herrera afirmó que en su informe final no solamente se referirán al caso de los suboficiales detenidos, sino también a los que son acusados que, en su opinión, se lo hace de manera ilegal, sin el debido proceso y de forma arbitraria. Agregó que estas personas se movilizaron en el marco de la lucha contra la discriminación y racismo.
El conflicto de los militares de baja graduación comenzó el 3 de abril, cuando éstos publicaron un anteproyecto de ley para incluir la descolonización en esa institución. Al no ser escuchados, iniciaron protestas inéditas, como marchas desde El Alto y otras en el centro de la ciudad de La Paz. En respuesta, el Alto Mando Militar ordenó el retiro obligatorio de 715 efectivos movilizados, de los que casi todos retornaron a sus fuentes de trabajo, después de procesos internos.
Como una tortura
Arresto
Yolanda Herrera dijo que la situación del suboficial Franklin Colque puede ser calificada de tortura.
