Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional Soraida Chánez y Ligia Velásquez por Diputados serán juzgadas en el Senado y se exponen a “inhabilitación especial”. Las acusadas denuncias irregularidades y riesgos para la democracia por el juicio instaurado, en tanto que el presidente de Diputados, Marcelo Elío, asegura que será “un juicio histórico”.
Los miembros de la Comisión de Justicia de Diputados remitieron un informe para viabilizar un juicio de responsabilidades al pleno camaral, que la madrugada de hoy lo aprobó. Chánez y Velásquez son acusadas por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes por suspender la vigencia de la ley del Notariado.
El presidente en ejercicio Álvaro García aseguró en Cochabamba que “obligatoriamente hay que enjuiciarlos” a los responsables de la arbitrariedad de suspender la vigencia de una ley con perjuicios para la ciudadanía. “No es un tema político, es un tema de procedimiento legal”, afirmó la autoridad.
De 77 diputados en sala, 55 votaron por la aprobación de la acusación y 22 en contra. Elío consideró que este será “un juicio histórico” y aseguró que responde al daño generado a la ciudadanía y al propio Estado al haber suspendido la vigencia de la Ley del Notaria, con lo cual fueron dejados –señaló- en la incertidumbre trámites a los que se da fe con notarios.
“El daño es grande al Estado y al país por esta medida que han asumido esos magistrados de la comisión de admisión, que se dieron el lujo de parar una ley, la ley debía haber sido parada por los menos por sala plena, pero, simplemente, lo hizo una comisión de admisión. Nos parece inconcebible este tipo de actitudes que ponen en riesgo los actos jurídicos y la fe del Estado”, cuestionó el presidente de Diputados en una entrevista con la emisora Panamericana.
Una vez aprobado el proceso, pasa al Senado para su sustentación y sentencia. El artículo 24 de la ley para el juzgar al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Fiscalía fija que la sentencia condenatoria podrá imponer inhabilitación especial del condenado por tiempo que no exceda al de la pena principal.
La inhabilitación especial consiste en la pérdida del mandato, cargo, empleo o función pública; incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o funciones públicas, por elección popular o nombramiento. La “rehabilitación se producirá ipso jure al cumplimiento de la pena”, refiere el parágrafo 3 del artículo 24.
El senador del oficialismo René Martínez explicó que lo “que va a estar en juego” es, precisamente, la condena o no de suspensión, aunque aclaró que todo dependen de los alcances de la sustentación de la acusación en Diputados.
Chánez y Velásquez formaron parte de la comisión que admitió una demanda de inconstitucional contra la ley del Notariado, presentada por el diputado opositor Juan Luis Gantier. Definieron suspender la aplicación de la norma, aunque ante las críticas revisaron la inicial decisión y la restringieron a tres aspectos como la designación de autoridades de la dirección del notariado.
Velásquez aseguró en la emisora Panamericana que la apertura del juicio en su contra y de su colega persigue fines políticos y pone en riesgo la institucionalidad. “Se está poniendo en riesgo las sentencias y resoluciones dictadas por el máximo y último intérprete de la Constitución, que consolida ese Estado democrático de derecho, eso se está poniendo en riesgo. El Tribunal Constitucional constituye el equilibrio al uso abusivo del poder de cualquier otro de los órganos del Estado”, advirtió.
Chánez denunció que en el proceso instaurado fue afectado el debido proceso y se vulneraron derechos y garantías, mientras que su colega detalló que fueron notificadas el viernes de forma ilegal y a las 18.30, con documentación parcial y para asumir defensa el lunes siguiente.
“La notificación no es un acto formal, es un conocimiento real de qué cosas se está acusando. El documento de notificación es esencial para quienes están siendo investigados para que asuman defensa”, afirmó Velásquez para justificar su ausencia en el proceso en la Comisión de Justicia, que elaboró el informe de acusación de apertura de juicio de responsabilidades.
Elío respondió que fueron cumplidos los procedimientos para la notificación, es este caso, con cedulón, es decir, con el pegado de la notificación con toda la documentación en la puerta y con los respectivos testigos. “Además con notario de fe pública que avala la notificación, por otro lado se ha notificado en Sucre, personal jurídico de Diputados fueron a Sucre para notificarlas en sus oficinas, en horario hábil”, insistió.
