Tras la suspensión de dos magistradas y la instauración de un juicio de responsabilidades en contra de ellas, en la Asamblea, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) advirtió ayer que esta institución está en crisis y que se vulnera el Estado de derecho.
“Lo único que hicieron las dos magistradas fue cumplir con sus tareas jurisdiccionales, sobre todo de beneficio a sectores sociales, (ya) que el trabajo de los notarios es vinculado con el pueblo. Entendemos que se vulneró el Estado de derecho constitucional de este tribunal y el principio de seguridad jurídica”, dijo el presidente del TCP, Efrén Choque, en Sucre.
Agregó que por la decisión asumida por los asambleístas, ayer fue un “día negro” para el TCP y la justicia constitucional, por lo que existe una crisis institucional que afecta en la estabilidad.
Juicio. La Cámara de Diputados aprobó la noche del lunes, por mayoría (55 votos), el proyecto de proposición acusatoria en contra de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, ambas de la Comisión de Admisión del TCP. Con esta acción se abrió el primer juicio de responsabilidades contra jueces electos por voto popular en 2011.
Chánez y Velásquez están suspendidas de sus funciones hasta que dure el juicio en el que están acusadas de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes, por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que paralizó la aplicación de esa norma por unos días, ya que luego modificaron su decisión.
El presidente en ejercicio Álvaro García justificó, en Cochabamba, el juicio de responsabilidades que autorizó la Cámara Baja contra las magistradas porque habrían cometido una arbitrariedad al suspender una ley.
Chánez señaló que con la acción de la Asamblea se quebrantó la institucionalidad, la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho. Hizo notar que la denuncia tratada en su contra es la última de más de 200. “Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política”, acotó Velásquez.
Suplentes. Ante el anuncio de suspensión de Chánez y Velásquez, el presidente del TCP afirmó que aún no llegó una notificación oficial de la Asamblea sobre la decisión adoptada, ya que si no están esas magistradas se tendría que convocar a sus suplentes, dijo sin dar mayores detalles del procedimiento constitucional.
Según fuentes extraoficiales y ligadas al proceso de ambas autoridades, en el lugar de Velásquez asumiría el cargo Juan Oswaldo Valencia y en el caso de Chánez sería Zenón Vaca.
Anoche, en La Paz, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, rechazó que el Órgano Ejecutivo haya ejercido presión para la suspensión de ambas magistradas. Además, negó que haya un boicot al trabajo que realiza el TCP. El magistrado Gualberto Cusi, que por su estado de salud aún no fue enjuiciado junto a Chánez y Velásquez, dijo a Cadena A que vienen “días negros” para el país por la decisión de la Asamblea.
Ministra plantea un revocatorio
Senadores
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, planteó ayer la realización de un referendo revocatorio del mandato de autoridades judiciales elegidas por voto popular en octubre de 2011.
No pueden apelar decisión
Williams Farfán
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, afirmó que la Cámara de Senadores emitirá una resolución final en el juicio de responsabilidades en contra de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, misma que no podrá ser apelada.
El asambleísta explicó que el procedimiento, luego de la autorización del juicio de responsabilidades, es que la Comisión de Justicia Plural (de Diputados) a través del Comité de Ministerio Público se constituirá en parte acusadora y el Senado será un Tribunal de Sentencia, en donde se debatirá y valorará todas las pruebas de descargo de ambas partes, para luego resolver si las magistradas son culpables o inocentes.
“Si son culpables se dará la suspensión definitiva y si es lo contrario se dará el archivo de obrados. Esta decisión termina ahí, no tiene otra instancia para que puedan apelar. Lo que manifiesta la ley es que no existe un recurso ulterior, no tiene a quién más acudir, la única instancia es el Senado”, dijo.
Calle aseguró que el procedimiento que se realizó en contra de las dos magistradas fue correcto y no tuvo ninguna irregularidad. Agregó que en los próximos 20 días ambas procesadas deben presentar su descargo, previa notificación.
Presidente justifica juicio a autoridades
Angélica Melgarejo
El presidente en ejercicio Álvaro García justificó ayer el juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez, debido a que es una acción que responde a la comisión de una “arbitrariedad aberrante” sobre una ley.
“(El juicio) ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada desde cualquier ámbito de la justicia. El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la ley (del Notariado), pero paralizó la ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza. Por lo tanto, a los responsables de esa ilegalidad que hace daño al Estado y a los ciudadanos bolivianos, hay que obligatoriamente enjuiciarlos, porque eso manda la Constitución”, dijo García. El Presidente en ejercicio entregó computadoras portátiles y libros a estudiantes del colegio San Agustín de Cochabamba junto al ministro de Educación, Roberto Aguilar.
El dirigente político y candidato a diputado Fabián Yaksic rechazó el proceso contra las autoridades judiciales, ya que —dijo— sería una locura promovida por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que es responsable de la crisis actual en la justicia. “Esto es un abuso, porque las magistradas no respondieron a la línea partidaria del Gobierno, por eso se desnuda una vez más la manipulación e injerencia del partido de gobierno en la administración de justicia”.
En la ciudad de Santa Cruz, el candidato presidencial de Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina, responsabilizó al presidente Evo Morales del “desbarajuste” en el Órgano Judicial, reportó ANF.
