El vicepresidente Álvaro García demandó al Senado una condena dura y ejemplarizadora contra las dos suspendidas magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional y pidió la enmienda de la resolución de suspensión de la vigencia de la ley del Notariado, causal del juicio de responsabilidades autorizado en Diputados y que será sustentado en el Senado.
Las hoy magistradas suspendidas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron imputadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la ley del Notariado en la fase de recepción de la demanda de inconstitucionalidad, no con una sentencia, denunció García en conferencia de prensa.
El magistrado Gualberto Cusi también avaló con su firma la decisión, por lo que será enjuiciado, anunció, una vez concluya con su recuperación médica. Negó intereses políticos, control del TCP o intereses hacia la reelección presidencial, como denuncian las acusadas. “Esas son tonterías”, respondió y reiteró que el argumento solo es jurídico.
Una vez aprobado el proceso en Diputado, pasa al Senado para su sustentación y sentencia. El artículo 24 de la ley para el juzgar al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Fiscalía fija que la sentencia condenatoria podrá imponer inhabilitación especial del condenado por tiempo que no exceda al de la pena principal.
El Vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional aseguró que la decisión de las magistradas enjuiciadas es un atentado contra el “Estado y la estabilidad jurídica”, y sienta un “precedente funesto” porque en el futuro cualquier persona puede demandar una norma y, con su sola aceptación, puede suspenderse su vigencia poniendo en riesgo el funcionamiento del Estado.
Las acusadas coindieron ayer en que su suspensión y procesamiento pone en riesgo la institucionalidad y la democracia. Además denunciaron que fue violado el debido proceso y sus derechos.
“Es una agresión muy dura (la suspensión de la ley del Notariado) contra el Estado y los bolivianos como para que digamos: bueno, te equivocaste; la próxima vez hazlo mejor, no. Hay que sentar precedente, hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar para que no se vuelva a repetir”, afirmó y aseguró que el “cuerpo del delito” es la resolución firmada de admisión con suspensión de la vigencia de la ley, pese –añadió- a una posterior modificación que no resolvió el problema de fondo.
García aseguró que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de enjuiciar a los magistrados por la “aberración” que cometieron y exigió una sentencia dura y ejemplarizadora.
Demandó al TCP enmendar la decisión de los magistrados procesados para poner en vigencia la ley del Notaria que, entre otros aspectos establece que un trámite de divorcio puede ser resuelto en una Notaria. “Qué es lo que esperamos, una enmienda rápida, oportuna y pronta de parte del Tribunal Constitucional, y que sepan que no vamos a permitir como Asamblea Legislativa que se ataque de esta manera infame al Estado boliviano”, demandó.
Reconoció que la elección mediante el voto de las máximas autoridades del Órgano Judicial no mejoró la Justicia. “La Justicia no ha mejorado”, insistió y perfiló que en el debate de mejoras están “medidas de emergencia” como ajustes en el procedimiento constitucional o correcciones en la forma de selecciones o preselección de candidatos.
