El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, junto a más de 100 funcionarios fueron tomados de rehenes en su propio edificio por dirigentes de distritos rurales de Sucre, que exigen la aprobación de su Carta Orgánica.
Choque, en contacto telefónico con La Razón, denunció que una turba de más de 300 personas cerró los ingresos principales y secundarios del edificio del Tribunal y evitó que los funcionarios públicos lo abandonen.
“Estamos cercados, no dejan salir a los funcionarios, lo más preocupante es que tres mujeres están embarazadas”, dijo Choque al expresar su malestar por este tipo de presiones contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Explicó que la tarde de ayer se reunió con dirigentes de ese sector y les indicó los procedimientos que tiene que seguir el tratamiento de la Carta Orgánica de Sucre y acordaron encaminar su pedido, bajo el compromiso de que sus movilizaciones sean pacíficas.
Sin embargo, aproximadamente a las 17.00, después de una marcha de protesta, los comunarios determinaron impedir la salida de los funcionarios del TCP y para ello cercaron el edificio. Hasta el cierre de esta edición, a las 22.30, tanto Choque como los funcionarios seguían retenidos.
Choque señaló que no se puede atender la solicitud del municipio de Sucre de manera inmediata, debido a que los magistrados sufren una serie de presiones de diversos sectores sociales, incluyendo el juicio de responsabilidades contra las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez.
También lamentó la falta de respuesta de la defensora del Pueblo de Chuquisaca, Juana Maturano, quien fue convocada a mediar en el conflicto, pero no interpuso sus buenos oficios.
Desde hace dos semanas, representantes de naciones originarias de Chuquisaca, Potosí y Oruro instalaron una vigilia en las puertas del TCP exigiendo que sean incluidas en los estatutos autonómicos. Sin embargo, este sector no fue protagonista de la movilización de ayer en contra del Tribunal.
En la ciudad de La Paz, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Juan Carlos León, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una denuncia en contra de los magistrados del TCP por incumplimiento de deberes y retardación de justicia.
El motivo, explicó el presidente, es que el Tribunal no aprueba “hace más de cuatro meses” 120 cartas orgánicas municipales y no admite misivas de reclamo. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, informó que la Alcaldía de La Paz entregó otra denuncia.
