La Fiscalía presentó hoy, a través de la Cancillería, ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil los expedientes de procesos penales contra el exfiscal Marcelo Soza para respaldar el pedido de negociación de refugio político a la exautoridad, quien estuvo al frente de la investigación y acusación en el caso Terrorismo.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, explicó que los expedientes muestran la instauración de procesos penales contra el exfiscal antes de su huida a Brasil y, en consecuencia, de la solicitud y aceptación de refugio político temporal, alegando persecución política.
El Conare tomará una decisión final sobre el caso una vez analizada la documentación respectiva.
“Se solicita determinar la pérdida, en primera instancia, de la condición de refugiado provisional de Soza y posteriormente resolver la negación de esa condición, ya que de acuerdo a los hechos relatados y la documentación adjunta a la solicitud, se establece que el exfiscal, según la legislación boliviana, aparentemente habría cometido delitos comunes y no de carácter político, tal cual en su momento lo habría señalado”, refiere una nota de prensa del Ministerio Público.
Los documentos presentados al Conare están relacionados con la investigación de delitos como Incumplimiento de Deberes y Abandono de Cargo, Uso Indebido de Influencias, Extorsión, Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal, Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados, Uso Indebido de Influencias y Prevaricato.
El exfiscal investigó el caso Terrorismo, destapado luego del operativo de abril de 2009 en Santa Cruz, donde fueron abatidos tres de cinco extranjeros, entre ellos Eduardo Rozsa, acusados de liderar un grupo irregular. La pesquisa involucró a líderes empresariales y políticos cruceños, muchos huyeron de Bolivia.
El principal investigador del caso fugó de Bolivia el 11 de marzo a Brasil, desde donde denunció la existencia de presiones desde el Gobierno en su trabajo.
