El Ministerio Público continúa con los trámites destinados a solicitar a Brasil la extradición de Marcelo Soza. Ayer, presentó ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) brasileña una petición para que se le niegue la condición de refugiado al exfiscal del caso Terrorismo.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que, a través de la Cancillería del Estado, se presentó a la Conare del Brasil una solicitud de negación de la condición de refugiado para Soza, con el fin de que retorne a Bolivia para asumir su defensa.
En el marco de los trámites de extradición, Guerrero informó que en el pedido a la Conare se hace conocer que Soza, antes de que haya solicitado su refugio temporal en Brasil, ya tenía procesos penales abiertos en Bolivia.
Pruebas. En calidad de prueba, la Fiscalía General presentó los dos mandamientos de aprehensión y la certificación de los tres procesos judiciales que Soza tiene en su contra, uno en Sucre, el segundo en Santa Cruz de la Sierra y el tercero en La Paz.
El exfiscal es acusado por delitos comunes como incumplimiento de deberes y abandono de cargo, uso indebido de influencias, extorsión, cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y prevaricato. Además, en su contra, incluso hay un mandamiento de aprehensión.
Soza huyó del país en marzo y obtuvo un refugio temporal de 180 días en Brasil, hasta septiembre, mientras la Conare evalúa su caso para ampliar su condición de refugiado. Desde territorio brasileño denunció que en la investigación del caso Terrorismo hubo una serie de irregularidades, como la compra de testigos por parte de autoridades del Ejecutivo.
El caso Terrorismo fue abierto en abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz, tras la desarticulación de un grupo acusado por el Gobierno de separatista. Este proceso se encuentra actualmente en juicio oral. Soza abandonó este caso luego de denunciar que él y su familia recibieron una serie de amenazas anónimas.
Guerrero explicó que, de acuerdo con la Ley del Refugiado, se solicita determinar la pérdida, en primera instancia, de la condición de refugiado provisional de Soza y, posteriormente, resolver la negación de esa condición, con base en los hechos y las pruebas que adjuntó el Ministerio Público. Agregó que, según la legislación boliviana, aparentemente Soza habría cometido delitos comunes y no de carácter político, tal cual lo habría señalado en su momento.
Tras la huida de Soza a Brasil, en marzo, Guerrero informó que la Policía Internacional (Interpol) activó el “sello azul” para Soza, con el objetivo de comenzar la búsqueda y localización con fines investigativos.
El 22 de marzo, el encargado de Negocios de la República del Brasil en Bolivia, João Luiz, aclaró en La Paz que mientras Soza tenga refugio temporal en su país, éste no podrá ser extraditado. Además, explicó que es una decisión técnica y no política la que deberá tomar la Conare.
Una carta del exfiscal
Envío
Tras su llegada a Brasil, el exfiscal Marcelo Soza publicó una carta en la que pide reconducir el caso Terrorismo. Esta misiva no tiene validez en el proceso judicial, porque todavía no fue legalizada.
