La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) libraron una guerra por demostrar cuál de las dos instituciones administra la mayor cantidad de juicios y, por consiguiente, los dilata. Jorge von Borries, presidente del TSJ, dijo ayer que la Fiscalía tiene en sus manos el 96%.
La posición del Órgano Judicial surgió un día después de que el fiscal general, Ramiro Guerrero, asegurara que el 83% (5.676) de los procesos judiciales abiertos por el delito de narcotráfico en Bolivia, que llegan a un total de 6.661, está en manos de jueces y vocales, y que solo el 17% (985) está en la jurisdicción del Ministerio Público.
Von Borries, en una conferencia de prensa, reveló que, según las estadísticas recogidas de los jueces de todo el país, hasta mayo de 2014, en las nueve ciudades capitales más El Alto existían 159.000 causas penales pendientes de despacho.
Situación. De esa cantidad de procesos, solo 4.500 se encuentran en la fase de acusación, para juicio oral, a la espera de la celebración de la audiencia conclusiva. El presidente del TSJ aclaró además que el resto, 154.000 causas aproximadamente, son procesos penales cuyo desarrollo depende de la emisión de requerimiento conclusivo del Ministerio Público.
Von Borries puso énfasis en señalar que esas causas están en la fase de investigación preliminar o en la etapa preparatoria, donde la participación del juez simplemente se limita al control de los plazos procesales.
En respuesta directa al dato ofrecido por Guerrero, el presidente del TSJ explicó que la cantidad de procesos por narcotráfico solamente representan el 4,1% (6.661) del total de las causas penales en Bolivia que hasta mayo llegó a 159.000 procesos. No obstante, recalcó que de todos los litigios penales, el 97% está en manos de los fiscales.
El antecedente más próximo a esta nueva polémica surgió la pasada semana, luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, denunciara que entre enero y julio, 30 extranjeros, la mayoría de nacionalidad colombiana, fueron liberados por jueces, pese a que éstos tenían detención preventiva.
En este mismo tema, otro factor de pugna verbal entre los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia es el referido a la audiencia conclusiva. Según Guerrero, esa figura debía eliminarse del ordenamiento jurídico porque, en su criterio, se convierte en el “cuello de botella” y alarga los procesos penales.
En contraposición, Von Borries aseguró que es una figura necesaria e importante. Advirtió que no se puede borrar de un plumazo la audiencia conclusiva, porque esta fase permite sanear el proceso y llegar a un juicio oral con sustento jurídico.
Explicó que, en muchos casos, se presenta la acusación con varios delitos y solo se tiene argumentos para defender uno de ellos. Por ello, según Von Borries, en esa instancia se puede objetar la prueba y garantizar que sea más eficaz el desarrollo del juicio.
La sugerencia de Guerrero no fue tomada en cuenta por el Tribunal Supremo de Justicia en la propuesta planteada para modificar el Código de Procedimiento Penal que, actualmente, está en manos de la Cámara de Senadores para su aprobación.
Cuestionan la elección
Críticas
El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, ministros de Estado y el Procurador General cuestionaron en los últimos meses la administración judicial y la elección, mediante voto popular, de los magistrados.
